El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid ha aprobado la tramitación anticipada de los fondos destinados a financiar las prestaciones económicas del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia para el próximo año 2026. Con esta ampliación, de la que se beneficiarán más de 93.000 madrileños, la inversión regional alcanzará los 407,8 millones de euros, lo que supone un aumento inicial de 4,8 millones respecto a la cuantía total para este año.

"Todo esto lo hacemos a pesar del Gobierno central, que sigue sin aportar lo que le corresponde", denuncia Miguel Ángel García Martín, consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, y también portavoz del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso. Por ley, el Ejecutivo de Pedro Sánchez debería financiar el 50% de los recursos destinados a dependencia, pero, en la actualidad, apenas llega al 26,6%, "es decir, en este momento, solo por el año 2025, estarían adeudando a la Comunidad de Madrid más de 450 millones de euros". 

Así, el refuerzo presupuestario que está haciendo la Comunidad de Madrid permitirá garantizar el pago de las ayudas ya concedidas hasta diciembre, atender obligaciones pendientes de 2025 derivadas de los procesos de tramitación, y asumir parte de la nueva demanda de Programas Individuales de Atención (PIAS) que se genere en 2026.

Las ayudas se distribuyen en tres modalidades: cuidados en el entorno familiar, prestación vinculada al servicio y asistencia personal. La primera consiste en una cuantía mensual destinada a cubrir los gastos derivados del apoyo que recibe la persona dependiente en su propio domicilio.

La segunda contribuye a financiar el coste de un recurso social privado debidamente acreditado, tanto residencial, como de día, ayuda a domicilio o servicios de promoción de autonomía, elegidos por el ciudadano. Y la tercera, favorece la autonomía del beneficiario mediante el apoyo que le proporciona un asistente personal que le ayuda en sus actividades diarias y en el desarrollo de su proyecto de vida.

La Comunidad de Madrid aprobará próximamente el nuevo decreto regional de dependencia, el marco normativo básico que regulará las prestaciones y servicios del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, del que actualmente se benefician cerca de 210.000 ciudadanos.

Esta norma incluye más de 30 medidas destinadas a agilizar el acceso a las prestaciones del sistema, reducir los plazos de tramitación, personalizar la asistencia en función de las necesidades y preferencias del ciudadano, mejorar las cuantías de las ayudas económicas en determinados supuestos y ofrecer apoyo a los cuidadores familiares.

Así, el Gobierno regional facilitará que los técnicos en dependencia puedan consultar directamente los informes sociales, a través de la Historia Social Única, y los de salud, sin que sea necesario aportarlos por parte del interesado o sus familiares. Además, los plazos de revisión del Programa Individual de Atención (PIA) y de la capacidad económica se reducen de seis a tres meses.

También se priorizarán los casos de especial urgencia, como las personas en cuidados paliativos, con esclerosis lateral amiotrófica (ELA) o en situación de vulnerabilidad social, así como los menores de tres años y los mayores de 90, cuyas solicitudes se resolverán en un máximo de 90 días. Tras un alta hospitalaria, la valoración deberá realizarse en 10 días, y se aplicará una evaluación conjunta del grado de discapacidad, dependencia y necesidad de atención temprana en menores de hasta seis años.