Miguel Ángel García Martín ha aprovechado la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid para situar en primer plano la crisis que atraviesa Ceuta. El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local ha recordado que han transcurrido más de 30 días desde que la ciudad española "fue invadida con la complicidad del Gobierno de Rabat, pero también con la indolencia del Gobierno de España".
En la jornada en que Ceuta conmemora su festividad oficial, el consejero ha avanzado la presencia del Ejecutivo autonómico en la concentración convocada en la Plaza de Cibeles a las 20:00 horas, frente al Ayuntamiento de la capital. García Martín ha subrayado que, "aunque el delegado del sanchismo intente boicotear esas concentraciones a las puertas de los ayuntamientos, se van a producir", alertando de que las consecuencias para la ciudad autónoma son "preocupantes", aunque quizás no para Sánchez, "quien ha sido, de nuevo, un traidor a España".
En su intervención, el mandatario madrileño ha cuestionado qué información maneja Rabat para mantener el poder de "maniatar" al presidente del Gobierno y a su equipo. Asimismo, ha señalado que los últimos datos confirman que la entrada masiva responde a una acción premeditada en la que Marruecos "tuvo un papel decisivo", al tiempo que ha criticado que el jefe del Ejecutivo intente "echar una cortina de humo" responsabilizando a terceros países.
Las revelaciones del informe policial
Las declaraciones de García Martín se producen tras la filtración —avanzada principalmente por El Español— del informe elaborado por el Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF). Esta unidad de inteligencia de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras de la Policía Nacional ha remitido el documento a la Fiscalía y a la magistrada María Tardón, de la Audiencia Nacional, encargada de investigar la entrada masiva registrada a finales de julio.
El atestado atribuye la incursión de los días 30 y 31 de julio a una operación planificada por las fuerzas de seguridad marroquíes. Según lo trascendido este 2 de septiembre, gendarmes uniformados, bajo la dirección de agentes de paisano, guiaron a los migrantes desde Castillejos hacia el paso de El Tarajal. La inteligencia policial descarta así que se tratara de un salto espontáneo o promovido únicamente por redes clandestinas y plataformas digitales.
El CENIF describe varias oleadas: primero jóvenes marroquíes de 15 a 25 años con neoprenos y flotadores; después familias, mujeres y niños; más tarde, de nuevo varones jóvenes. Entraron unas 72.000 personas y cerca del 90 % volvió a Marruecos en horas. El informe interpreta ese retorno como prueba de que la crisis migratoria era la cobertura de un plan para colapsar la frontera y tensionar la soberanía sobre Ceuta y Melilla.
Alertas previas frente a la versión del Ministerio del Interior
El informe policial, de carácter posterior a los hechos, constata no obstante la existencia de avisos previos. Los días 28 y 29 de julio, el CENIF remitió notas de inteligencia a los puestos fronterizos advirtiendo de un "riesgo alto" o "extremo" de accesos coordinados a nado y saltos a la valla. Por su parte, el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), que monitorizaba grupos de mensajería desde el 22 de julio, alertó el día 29 a la Delegación del Gobierno sobre una convocatoria masiva coincidiendo con la Fiesta del Trono, extremo que fue confirmado en el Congreso por la ministra de Defensa, Margarita Robles.
Frente a estos datos, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, sostiene que ninguna de las alertas permitía prever una entrada de decenas de miles de personas ni la implicación directa de las autoridades marroquíes. Ante la difusión del atestado —cuya reserva había sido ordenada por la jueza instructora—, el titular de Interior ha remitido una carta de madrugada a la Dirección General de la Policía solicitando aclaraciones sobre la fecha exacta de elaboración del documento filtrado.
El escenario actual sitúa en la Audiencia Nacional la investigación judicial de unos hechos sobre los que constaban advertencias previas de riesgo, mientras el Gobierno insiste en la imposibilidad de haber previsto el alcance de la operación y los informes policiales señalan directamente la participación de agentes marroquíes en el terreno.