La batalla por los nuevos centros de datos vuelve a enfrentar al Gobierno y a la Comunidad de Madrid. El ministro de Transformación Digital, Óscar López, anunció ayer 180 millones de euros para 372 proyectos de inteligencia artificial y se mostró convencido de que España albergará una de las tres gigafactorías europeas de IA. Al mismo tiempo, defendió el real decreto que endurece las condiciones para conectar estas infraestructuras a la red. El consejero madrileño de Digitalización, Miguel López-Valverde, le respondió de inmediato: es una “incoherencia absoluta”.
El choque no es menor. Una de las dos sedes de esa candidatura a gigafactoría está prevista en San Fernando de Henares. La otra, en Móra la Nova (Tarragona). Es decir: el Gobierno pide a Bruselas un macrocentro de supercomputación en Madrid y, a la vez, pone el listón más alto de Europa para enchufar centros de datos.
Los "mejores" CPDs
López lo resumió así en Santander, en el congreso de Ametic: “Queremos más centros de datos, por supuesto, pero queremos los mejores: sostenibles, eficientes y soberanos”. Descartó una moratoria. La inversión de 180 millones —130 para Red IA y 50 para Red IA Salud— irá sobre todo a pymes (el 70 % de los 372 proyectos). El mensaje del ministro es que se puede empujar la IA y, al mismo tiempo, ordenar un sector que considera en riesgo de burbuja e “intrusismo”.
López-Valverde citó el anuncio de los 180 millones y cargó contra la letra pequeña. Anunciar dinero para la IA, dijo, “carece de sentido si al mismo tiempo se ataca el pilar sobre el que se sostiene”. El decreto, según el consejero, ahuyenta la inversión y lastra la soberanía digital. La economía digital, añadió, necesita seguridad jurídica e infraestructuras, no trabas. Tres días antes ya había avisado de que la norma es el resultado de una “política energética fallida” y que las empresas se irán a otros países europeos.
El Real Decreto de CPDs, bajo lupa
El nudo está en el proyecto de real decreto sobre requisitos de sostenibilidad energética, medioambiental, resiliencia y soberanía digital de los centros de datos, ahora en consulta pública hasta el viernes 4 de septiembre. Lo impulsan Transición Ecológica, Economía y Transformación Digital, con trámite urgente. El Gobierno lo justifica por el aluvión de solicitudes de acceso a la red, muy por encima de las previsiones: si todos se conectan sin generación renovable nueva, tiran de gas y encarecen la luz.
El texto, todavía no aprobado, se aplica sobre todo a centros con 1 MW o más de potencia de acceso que aún no estén conectados. Exige, entre otras cosas, que quien opere la instalación esté establecido en la Unión Europea y que los datos de la operación permanezcan en territorio comunitario; que el centro alcance la clase A de eficiencia energética e hídrica europea (el listón más alto); y que, mientras el mix nacional no supere el 90 % renovable, el 80 % del consumo se cubra con energía verde nueva. Esa “novedad” no es un papel: tiene que ser autoconsumo o un contrato a largo plazo (mínimo diez años) con plantas en España puestas en marcha como máximo 18 meses antes de que el centro funcione. Además, hora a hora: en cada hora, al menos el 80 % de lo consumido debe coincidir con generación renovable de esa misma hora.
Esa combinación —renovable nueva más coincidencia horaria— es lo que ha encendido al sector. SpainDC, la patronal de centros de datos, calcula que, tal como está redactada la norma, podría poner en riesgo entre el 80 % y el 90 % de la nueva inversión y unos 67.000 millones de euros acumulados hasta 2030. Piden ampliar el plazo de alegaciones y una mesa técnica. El Gobierno sostiene que busca acuerdo en la audiencia y que los grandes operadores ya se presentan como sostenibles y soberanos.
Una 'amenaza' para el hub digital de Madrid
Madrid no habla en abstracto: concentra más de la mitad de la capacidad de centros de datos del país. Por eso el consejero ve el decreto como una amenaza al hub digital de la región y a la propia candidatura de la gigafactoría. El Gobierno replica que no frena la inversión, sino el modelo de “enchufa primero y renueva después”.
Hasta el viernes, el texto aún puede cambiar. Lo que no ha cambiado es el fondo del desacuerdo: unos quieren más inteligencia artificial con reglas verdes estrictas; los otros avisan de que, sin enchufe predecible, ni los 180 millones ni la gigafactoría servirán de mucho.