La nueva Ley amplía la definición del Sistema Público de Servicios Sociales para favorecer la integración, igualdad de oportunidades, autonomía personal, convivencia familiar y el bienestar de todas las personas, mediante una función promotora, preventiva, protectora y de atención frente a las necesidades originadas por situaciones de vulnerabilidad, exclusión, desprotección, desamparo, dependencia, urgencia o emergencia.

Además de dedicar un título específico a la promoción de la calidad, evaluación, inspección y transparencia e introducir un régimen sancionador tanto para entidades prestadoras como usuarios, el texto incluye a lo largo de sus 113 artículos novedades como la Historia Social Única, un registro de todos los datos del usuario (personales, familiares, sanitarios, de vivienda, económicos, laborales, educativos...) similar a una historia clínica, que tendrá un soporte digital para asegurar la interoperabilidad entre los recursos.

También ofrecerá el Mapa de Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid, que reflejará la organización del Sistema Público, tanto territorial como funcional, a través de la configuración de la red de centros y servicios recogidos en el Catálogo de Prestaciones. En su elaboración se tendrán en cuenta la distribución territorial para garantizar la atención independientemente del lugar de residencia del usuario. La norma se enviará ahora a la Asamblea de Madrid para su tramitación legislativa previa a su aprobación y entrada en vigor.