El Partido Animalista ha hecho pública una carta enviada de forma urgente a Isabel Díaz Ayuso para organizar una reunión con el objetivo de frenar el sacrificio de los 32 cachorros de beagle previsto para este mes de marzo. Esta solicitud ha sido apoyada por 19 partidos políticos internacionales, y la prestigiosa organización líder de rescates de perros de laboratorio Beagles Freedom Projetc.
Además, la asociación ha afirmado que, a pesar de la gran presión social y mediática nacional e internacional, el laboratorio Vivotecnia sigue abierto "después de las terribles imágenes filtradas en abril de 2021, en las que varios trabajadores humillaban y violentaban a los animales con los que experimentaban".
"Solicitaremos a la presidenta de la Comunidad de Madrid que paralice estos experimentos", afirma PACMA, y añade que "es hora de dar ejemplo y dejar de utilizar animales en procedimientos científicos, cuyos resultados son escasamente extrapolables a los humanos".
Solicitaremos a la presidenta de la Comunidad de Madrid que paralice estos experimentos
Si bien la Directiva 2010/63 UE insta a todos los Estados miembros de la Unión Europea a evitar el uso de animales en laboratorios, PACMA considera que no se está haciendo inversión suficiente en métodos alternativos: "creemos que nos queda mucho camino por delante y que no se está mostrando el interés necesario en buscar opciones para evitar el uso animales, sean de la especie que sean".
En esta línea, la organización ha concluido su petición asegurando que continuarán luchando hasta "parar esta barbaridad".
El escándalo de Vivotecnia
En abril del año 2021 saltó a la luz un escándalo relacionado con el laboratorio de Vivotecnia. Tras publicarse un video en el que se podía observar malas prácticas hacia los animales, la Comunidad de Madrid abrió una investigación y suspendió la actividad del laboratorio.
Así mismo, se envió un equipo de inspección para recabar más información acerca de los posibles maltratos que se estaban llevando a cabo en Vivotecnia.
Tras un largo periodo de investigaciones, el Gobierno regional propuso una multa de 37.000 euros para las 25 infracciones que vieron dentro del laboratorio. Sin embargo, parece que el laboratorio sigue operativo, y no ha cesado su actividad.