La Comunidad de Madrid se prepara para un cambio estructural en su arquitectura legislativa. Con el objetivo de simplificar el marco normativo y reducir la burocracia, el Consejo de Gobierno ha conocido el proyecto del nuevo decreto que regulará esta iniciativa por la que las leyes tendrán "fecha de caducidad", evitando que queden obsoletas.
Hasta ahora, la mayoría de leyes y reglamentos permanecen en vigor hasta que otra norma posterior las deroga o modifica. Con el nuevo sistema que plantea el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, dichos textos tendrán que someterse a una "evaluación ex post", a posteriori, antes de cumplir los cuatro años de vida. En este examen se comprobará si las leyes cumplen con los objetivos para los que fueron creadas.
En cuanto a las normas de carácter organizativo, es decir, las que regulan la estructura interna, funciones y procedimientos de la administración, dejarán de estar vigentes automáticamente a los cinco años, a menos que el informe de evaluación mencionado recomiende su mantenimiento.
Uno de los pilares de esta reforma busca transformar la relación del ciudadano con la Administración. El decreto mandata a la Comisión de Simplificación Normativa para que, en el plazo de un año, presente un plan que priorice el silencio administrativo positivo. Este mecanismo supone que, si la Administración no responde a una solicitud del ciudadano en el plazo establecido, la petición se considere concedida por defecto. El objetivo es trasladar la responsabilidad de la agilidad a la propia institución y no al administrado.
Agilidad en la tramitación
Para complementar la limpieza del inventario legislativo, el Gobierno regional introducirá un procedimiento abreviado. Este canal permitirá tramitar de forma exprés aquellas leyes y decretos de baja complejidad técnica, reduciendo sustancialmente los plazos de aprobación actuales, siempre que hayan superado las consultas públicas y los controles de legalidad pertinentes.
Un marco para la inversión y la seguridad jurídica
Desde un punto de vista técnico, la medida busca profesionalizar la producción normativa. Al obligar a una revisión periódica y fomentar la participación ciudadana mediante consultas públicas, se intenta crear un entorno más predecible para las empresas e inversores. La eliminación de duplicidades y de normas innecesarias pretende, en última instancia, aligerar los costes indirectos que la burocracia genera en la actividad económica regional.
Se espera que este decreto sea aprobado definitivamente durante el primer semestre de 2026, iniciando así un ciclo de revisión que afectará a todo el organigrama administrativo de la región.