La Comunidad de Madrid moderniza su normativa fiscal para reforzar la seguridad jurídica y simplificar su Administración, tras el visto bueno de la Asamblea de Madrid a la nueva Ley de Hacienda, que ordenará de forma más eficiente su gestión económica, financiera, presupuestaria y contable.
Entre sus principales novedades, la norma actualiza el funcionamiento del sector público y mejora su sistema contable, avanzando en la planificación presupuestaria y el control financiero, refuerza la comunicación y la transparencia con la Asamblea y conlleva una reforma profunda de la Ley de Subvenciones.
En esta materia, se define la naturaleza de las sociedades mercantiles del Ejecutivo autonómico, incluyendo a las que forman parte de un grupo, y dentro de estas a las contempladas en el artículo 42 del Código de Comercio. De esta manera, se adapta a la legislación estatal, reconociendo la realidad específica de estos entes.
Asimismo, la nueva Ley de Hacienda supone la regulación más clara de las operaciones económicas, ordenando aspectos antes contemplados en los presupuestos, como las operaciones financieras activas, y establece una diferenciación entre Tesorería General, que abarca todo el sector público salvo universidades (para respetar su autonomía), y la Central, encargada de gestionar los recursos financieros de la Administración autonómica y de los organismos sin gestión propia en esta materia.
También se incorporan novedades en la programación plurianual a medio plazo y la estabilidad presupuestaria; se legisla un régimen específico para el ejercicio de la función interventora en materia de personal, para evitar tener que reflejarlo en las leyes anuales de presupuestos, y se renuevan y modifican los asuntos relativos a la Hacienda autonómica, como derechos y obligaciones, ingresos, política financiera, o auditorías y control, entre otros.
Actualización del ordenamiento jurídico
La nueva Ley de Hacienda deroga la anterior de 1990, con 35 años de vigencia. En este tiempo han aparecido figuras legales como fundaciones o consorcios, que hacían necesaria su actualización, con el fin de evitar duplicidades y adaptarla a la normativa europea, estatal y autonómica vigente.
También se anula la Ley 1/1989, del Control Parlamentario de la Administración Institucional de la Comunidad de Madrid, ya que la nueva norma incorpora y desarrolla la remisión de información a la Asamblea de Madrid por parte de la Administración regional.
Además, todas las disposiciones de igual o inferior rango que se opongan a lo dispuesto en la nueva quedan derogadas. De esta forma, se incide en la lucha contra la hiperregulación, eliminando legislación desactualizada o con carácter redundante o innecesario.