La guerra por la Memoria Democrática entre la Comunidad de Madrid y el Gobierno de España toma un nuevo cauce: La Audiencia Nacional ha paralizado la declaración de la Real Casa de Correos como Lugar de Memoria al considerar posibles perjuicios sobre la actividad que ahí se realiza. Si bien es cierto que este frenazo judicial es temporal, la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ya ha celebrado su primera victoria.
El auto judicial que ha publicado la Audiencia suspende de manera cautelar la decisión del Gobierno central recogida en su acuerdo del 20 de octubre de 2025 por el cual la Secretaría del Estado de Memoria Democrática declaró la sede del Gobierno madrileño un lugar de Memoria. El motivo histórico es que allí albergó, durante la dictadura franquista, la Dirección General de Seguridad (DGS), un lugar conocido por la represión y tortura de opositores al régimen.
Por su parte, el letrado de la Comunidad de Madrid recurrió dicho acuerdo pidiendo que, mientras se resolvía la cuestión, se suspendieran sus efectos para evitar daños. Una solicitud que ha contado con el aval de la mayoría de la Sección Primera de la Audiencia Nacional al considerar tres principios sólidos que, como avanza el letrado, podrían afectar a la imagen de la sede del Gobierno de Ayuso.
El Tribunal afirma que, aunque en una fase inicial no se puede asegurar al completo que la imagen de la Comunidad de Madrid vaya a sufrir un daño irreversible, tampoco es posible "negarlo de forma categórica". Ante la duda de sus consecuencias a la institución, prefieren prevenir.
La declaración como Lugar de Memoria implica colocar placas, paneles, señalizaciones e incluir el edificio en circuitos turísticos internacionales. Además, obligaría a que cualquier uso del edificio fuera "compatible" con la preservación de esa memoria. El tribunal reprocha al Gobierno central que llamara al edificio simples "oficinas administrativas", obviando que es la sede de la Presidencia regional, cuyas actividades institucionales podrían verse afectadas.
No obstante, la Audiencia Nacional reconoce que se encuentra ante dos intereses enfrentados - el del Estado y el de la Comunidad de Madrid-. Y concluye que el paso del tiempo no perjudica la ley de memoria (esperar a que haya una sentencia definitiva no altera la historia), pero ejecutar el acuerdo ahora sí podría causar un perjuicio de difícil reparación al Gobierno madrileño.
Asimismo, existe un conflicto de competencias abierto entre ambas administraciones en el Tribunal Constitucional. Para la Audiencia Nacional, la prudencia dicta que es mejor congelar la decisión hasta que el TC delimite a quién le corresponde la competencia.