REGIONAL | La Comunidad de Madrid tendrá que pagar 30 millones de euros por las "camas fantasmas" del Hospital Puerta de Hierro

La sentencia llega tras una denuncia hecha contra el ejecutivo regional que gobernaba Esperanza Aguirre

La sentencia llega tras una denuncia hecha contra el ejecutivo regional que gobernaba Esperanza Aguirre

Hospital Universitario Puerta de Hierro

Imagen: Comunidad de Madrid

La justicia ha condenado a la Comunidad de Madrid a pagar casi 30 millones de euros por un conflicto que se ocasionó en los tiempos en los que gobernaba Esperanza Aguirre y que ahora tendrá que subsanar la actual presidenta, Isabel Díaz Ayuso. Así se resuelve parte de la denuncia interpuesta por la empresa concesionaria para la construcción del Hospital Puerta de Hierro.

 

Tal como han confirmado fuentes de la Comunidad de Madrid a El País, "según la sentencia se debe pagar 29.705.262,20 euros por la decisión del Gobierno regional, en su momento, de hacer habitaciones individuales en lugar de dobles, como se contemplaba en el primer proyecto", explican. De toda la suma, 11,3 millones de euros ya se han pagado, que corresponden al pago atrasado entre 2013 y 2021, mientras que el resto, unos 18,3 millones de euros, deberán abonarse entre 2022 y 2035, cuando se da por finalizada la concesión. 

 



Este caso lleva meses investigándose en un juzgado de Madrid como posible caso de corrupción

 

Para entender el origen de esta disputa hay que remontarse a 2005, cuando el ejecutivo regional, liderado entonces por Esperanza Aguirre, adjudicó la gestión del hospital de Majadahonda, Puerta de Hierro, a la UTE formada por Dragados, Sufi y Bovis Len Lease. Tres años más tarde, a poco de que se inaugurase el nuevo centro, la Comunidad de Madrid modificó el proyecto haciendo que 135 habitaciones pasaran de ser dobles a individuales. No obstante, este cambio no vino con una modificación económica haciendo que el gobierno regional gastase lo mismo por 135 camas menos. 

 

Este caso lleva meses investigándose en un juzgado de Madrid como posible caso de corrupción, pues la "reducción sorpresiva" de camas sin cambios presupuestarios, que todos los testigos achacan a una "decisión personal de Aguirre", pudo ocultar delitos de malversación o prevaricación ya que supuso un perjuicio para las arcas públicas, al igual que lo está siendo ahora que la empresa ha ganado el caso por "modificaciones de un contrato ya aprobado".

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