La Asamblea de Madrid ha dado luz verde a una Proposición No de Ley del Partido Popular en la que instan al Gobierno de España a aplicar las reformas necesarias para modernizar, reordenar y potenciar la Atención Primaria y Comunitaria. Una PNL que ha contado con el voto a favor de VOX, y con los votos en contra del PSOE y de Más Madrid.
En el texto presentado, los populares recogen la petición al Ejecutivo liderado por Pedro Sánchez para celebrar una sesión plenaria monográfica del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. Un encuentro para abordar la falta de especialistas de Medicina Familiar y Comunitaria, tal y como solicitaron el pasado mes de marzo la mayoría de los consejeros de Sanidad de diferentes regiones.
La diputada Marta Marbán, encargada de defender la propuesta, ha señalado cómo la Sanidad en España "necesita de reformas valientes y profundas", y esto pasa por, entre otras cosas, la ampliación de las plazas formativas en la especialidad de Medicina Familiar, cubrir las desiertas, ya que la mitad de los profesionales actuales especializados en esta rama ya superan los 50 años, y no hay reemplazo; y aumentar la financiación.
En este sentido, la popular ha remarcado que el propio Sistema Nacional de Salud acusa una falta de especialistas en Medina Familiar y Comunitaria. Es más, según el informe de Necesidad de Médicos Especialistas en España 2023-2025, faltarían unos 4.500 profesionales que podrían cubrirse progresivamente, según recoge la propuesta, con la creación de 1.000 plazas formativas más cada año.
Por otro lado, Marbán ha denunciado que a esta escasez de profesionales se le une una supuesta infrafinanciación por parte del Ministerio de Sanidad. “España destina un 6,7% del PIB a financiar la Sanidad, mientras otros países europeos alcanzan el 13%”,ha señalado la diputada popular, para quien es “imprescindible que se aumente esta aportación” y, por ello, la propuesta del GPP incluye la necesidad de dotar al Plan de Acción de Atención Primaria y Comunitaria 2025-2027 de cuantos recursos económicos sean necesarios para que pueda ser plenamente implementado de forma efectiva, con independencia de que haya Presupuestos Generales del Estado en 2025.