La Delegación del Gobierno en la Comunidad de Madrid ha respondido a los requerimientos de la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales para la repatriación de varios menores con "graves dificultades de adaptación". Francisco Martín ha negado que desde el organismo hayan paralizado el procedimiento y ha pedido a Ana Dávila que "menos señalar y mejor atender a los menores".
Son varias las ocasiones en las que Dávila ha insistido a la Delegación del Gobierno para que agilice la tramitación de 58 solicitudes de reagrupación familiar de menores migrantes no acompañados. La consejera también denunciaba la "parálisis" de más de seis meses y la "inacción" del organismo que lidera Martín para ejecutar dichas solicitudes.
Además, en las numerosas misivas enviadas desde la Consejería de la Comunidad de Madrid, Dávila incidía en la importancia de llevar a cabo estas acciones para "garantizar" la protección de los menores mencionados, así como "prevenir situaciones de trata o consumo de drogas y preservar el bienestar del resto de jóvenes acogidos y de los profesionales".
Ahora, el delegado del Gobierno ha respondido a la consejera asegurando que "conforme a lo dispuesto en los artículos 167 y siguientes del Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, aprobado por Real Decreto 1155/2024, de 19 de noviembre, esta Delegación ha venido desarrollando las actuaciones que marca la normativa aplicable", teniendo en cuenta que no existe una cronología pautada para dichas solicitudes.
Así mismo, Martín explica que la documentación de los menores están en posesión de la Brigada de Extranjería y Fronteras. Si alguien solicitase esa información, solo podría ser entregada en la fase de alegaciones, tal y como recoge el artículo 169.2 del Reglamento de la Ley de Extranjería. No obstante, antes de llegar a esa fase hay que pedir un informe a las embajadas o los consulados correspondientes, una solicitud que hace la Comisaría General de Extranjería y Fronteras.
Por último, el delegado del Gobierno asegura que "los procedimientos de repatriación no se encuentran paralizados ni existe inacción alguna por parte del Gobierno de España, sino que se están desarrollando conforme a los plazos, fases y garantías que establece la normativa vigente, la cual, como bien conoce, exige la realización previa de una serie de actuaciones antes de la decisión sobre la incoación formal del expediente".