Es "absolutamente falso" que la Comunidad de Madrid haya introducido el copago en las ayudas a personas con ELA, llegando a rebajar hasta un 40% el máximo de las prestaciones concedidas a los pacientes de mayor gravedad. La portavoz adjunta del Partido Popular en la Asamblea de Madrid responde a las críticas vertidas por la oposición y asegura que “el Gobierno lleva dos años manipulando a las personas con ELA”, mientras la Comunidad de Madrid ha sido “un referente en su atención y lo seguirá siendo”.
La polémica estalla con las denuncias de ConELA y otras asociaciones, que denuncian un “copago encubierto” en la aplicación de las ayudas, ya que, según apuntan, las prestaciones se están viendo reducidas significativamente por la capacidad económica de cada paciente. En un comunicado reciente, ConELA insiste en que “la renta de las personas no debería condicionar el acceso a apoyos esenciales”.
Entre tanto, desde Más Madrid han presentado una iniciativa para que “se dé la medicación completa, sin copagos, a los pacientes de ELA”. Manuela Bergerot reclama al Gobierno de la Comunidad de Madrid que “rectifique inmediatamente” y que “pida perdón” a las personas afectadas por la situación. “Ayuso utiliza a los enfermos de ELA como ariete político contra la izquierda, pero los deja tirados cuando se trata de poner dinero para que vivan con dignidad”, sentencia la portavoz de Más Madrid.
Ana Dávila asegura que en la Comunidad de Madrid se aplica la normativa, que, tal como explican desde el Gobierno regional, "obliga a establecer ajustes y minoraciones" en función de la capacidad económica, pero también del coste del servicio o del cobro de otras ayudas. Además, la consejera de Asuntos Sociales recuerda que se han reconocido los primeros cien expedientes de Grado III+ y esta misma semana comenzarán a abonarse las primeras ayudas. Desde la Comunidad de Madrid hablan de "manipulación" por parte del Ejecutivo de Sánchez y apuntan que, precisamente, el Gobierno de España solo "financia el 27,9% del coste total de la dependencia en la Comunidad de Madrid, cuando por ley debería alcanzar el 50%".