El Consejo de Ministros ha aprobado hoy, en primera vuelta, la reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal que, en palabras del Ministerio de Justicia, "fortalece su autonomía y mejora su capacidad funcional". A la vez, adapta esta institución al nuevo papel que tendrá con la futura Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) y a la normativa que impone la propia Unión Europea para garantizar la independencia de este órgano.

Cambios en el mandato y cese del Fiscal General

Para garantizar su independencia, el mandato del Fiscal General del Estado será de 5 años y ya no coincidirá con el del Gobierno, como hasta ahora. Además, para impedir ceses discrecionales por parte del Gobierno, el Fiscal General solo podrá ser cesado, en el caso de incumplimiento grave o reiterado de sus funciones, previo informe del Consejo General del Poder Judicial. El Fiscal General tampoco podrá ser llamado a comparecer ante el Consejo de Ministros.

La reforma contempla que el nombramiento, ascenso y sanciones de los principales fiscales queda atribuido al Fiscal General y no al Gobierno, como hasta ahora. A la vez, se refuerza el papel de la Junta de Fiscales de Sala, que podrá imponer su criterio sobre el del Fiscal General si cuenta con el apoyo de, al menos, las 3/5 partes de sus miembros.

La norma también contempla que ni el Ministerio Fiscal ni las asociaciones de fiscales puedan recibir financiación privada ni de gobiernos u organismos extranjeros. Asimismo, prevé la creación de un registro público de los fiscales encargados de preparar a opositores, que, además, necesitarán la autorización de la Fiscalía General del Estado para hacerlo.

Adaptación a las nuevas funciones

La reforma aprobada hoy por el Gobierno incluye también diversos cambios funcionales para facilitar que el Ministerio Fiscal se pueda ocupar de la instrucción de los procesos penales, tal y como prevé la futura LECrim.

Así, el Ministerio Público pasará a dirigir la Policía Judicial en sus funciones de investigación del delito. Además, el Fiscal Jefe será el responsable de nombrar al fiscal o fiscales encargados de la investigación en cada caso. El anteproyecto también incluye un régimen de abstención y recusación de los fiscales, que será el mismo que el de jueces y magistrados regulado en la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Respuesta de las asociaciones fiscales de España

Las asociaciones fiscales más relevantes del país han sido las primeras en denunciar esta reforma lamentando, además, que el Gobierno de Pedro Sánchez no haya aprovechado los cambios para incluir en el texto una cláusula que permita cesar al Fiscal General en caso de ser imputado por el Tribunal Supremo, como es el caso de Álvaro García Ortiz. 

Además, los letrados consideran que este texto se ha elaborado sin hablar con las asociaciones y sospechan que pueda tener un doble fondo, el de salvaguardar a García Ortiz en su puesto de Fiscal General si Pedro Sánchez no revalidara su mandato en las próximas elecciones generales.