Si hay una palabra que defina la Conferencia de Presidentes del pasado viernes en Barcelona es "tensión". Desde la llegada de la presidenta de la Comunidad de Madrid y su encontronazo con Mónica García, pasando por su intento de marcharse de la reunión para luego volver a entrar y terminando con las declaraciones que arrojó hacia el Gobierno de España, pidiendo, para concluir, una convocatoria de elecciones generales "ante la crisis institucional nunca antes vista".
Isabel Díaz Ayuso hizo ante los allí presentes una radiografía de los frentes abiertos que, a su parecer, dilapidan nuestro Estado de Derecho, no sin antes volver a reprochar el uso de pinganillos en la reunión. "Se instrumentaliza y se utiliza la riqueza de las lenguas regionales para hacernos sentir extranjeros en nuestra propia casa”, sentenció la presidenta, “por eso, considero que es un disparate hablar en español en el pasillo durante el café y luego ponerse un pinganillo para tratar aquí los temas de todos los españoles”, añadió.
Posteriormente, la jefa el ejecutivo madrileño introdujo uno de los temas que más controversia ha generado desde que comenzó la actual legislatura, los pactos entre el Gobierno central y Cataluña. Ayuso puso el foco en la propuesta de condonación de la deuda a Cataluña, "el cupo catalán no cabe en la Constitución, aunque ahora todo es posible. Ahora ya se sabe que todo lo que no está prohibido expresamente pues pá lante".
Así mismo, la regidora recordó ante los allí presentes el "maltrato" que sufre la Comunidad de Madrid, siendo una de las regiones que "más aporta, el 80% de nuestra recaudación va directamente a la Administración General del Estado". Ayuso denunció que a la región se le niega, en términos de deuda, 1.000 millones de euros al año, además de no reconocerles el incremento poblacional, y anunció la presentación de un Real Decreto para que "se pueda presentar de manera inmediata esta necesidad".
El siguiente tema que saltó al debate fue la reforma del Poder Judicial que está preparando el Ministerio de Félix Bolaños. La presidenta volvió a señalar que, a su juicio, se está perpetrando una persecución hacia jueces y fiscales desde el Poder Legislativo, por eso "toda la carrera judicial está en pie". Y es que, en palabras de la líder madrileña, se están intentando "imponer" cosas de dudosa constitucionalidad, y "la democracia sin ley no es democracia, es democracia popular y, por tanto, ya lo hemos visto en otras latitudes. Se puede poner una urna, se puede llamar democracia, pero si no hay ley no hay nada".
Dentro del balance que realizó la presidenta no podía faltar uno de los últimos acontecimientos que sufrió el país en el mes de abril, el apagón. Ayuso destacó ante los oyentes que el Gobierno todavía no ha dado explicaciones sobre lo que ocurrió, "para ojos del mundo, España se ha ido a negro". Un suceso que sirvió de percha para que la regidora volviera a hacer campaña por las energías nucleares en convivencia con las renovables.
Tampoco podía faltar el debate que se ha iniciado entorno a la situación que atraviesan las universidades públicas, y la aparente campaña de desprestigio que está haciendo el Gobierno central contra las universidades privadas. Para la líder madrileña, esto responde a un enfrentamiento entre lo público y lo privado que se va extrapolando a todos los campos, y añadió que "lo mejor para la universidad pública no es atacar a la privada de una manera inmisericorde, como está pasando públicamente, sino arreglar los problemas que tiene la pública, que son muchos".
Una de las últimas aristas que expuso la presidenta fue la crisis migratoria que atraviesa España. Ayuso aseguró que "la gestión de las fronteras y de la inmigración es inhumana." y se está "dinamitando la convivencia en muchas regiones y especialmente en muchos pueblos" del país. "Está costando vidas", aseguró la regidora madrileña, mientras la nación se convierte en "cómplice de mafias que operan en el mar y en los aeropuertos, mientras no se ponen soluciones en el origen, que es donde tiene que ser".
Por todo lo expuesto, Ayuso mantuvo firme su petición de convocar "urgentemente" elecciones generales. "Hay una crisis institucional como nunca vista en España", sentenció, "estamos gobernados a manos de minorías, no sacamos unos presupuestos adelante y se están poniendo encima de la mesa cuestiones básicas fundamentales, como puede ser la amnistía, que no iba a ningún programa electoral".