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En resumen, para UGT los datos confirman que la reforma laboral de 2021 ha supuesto un punto de inflexión positivo para el mercado de trabajo español. Cuatro años después de su entrada en vigor, el aumento sostenido de la afiliación y la reducción continuada del desempleo han ido acompañados de una mejora clara de la calidad del empleo, con un cambio estructural del modelo de contratación a favor del contrato indefinido y una reducción muy significativa de la temporalidad. Todo ello demuestra que la ampliación de derechos laborales no solo es compatible con el crecimiento económico, sino que lo refuerza, incluso en un contexto marcado por dificultades que nos hemos ido encontrando en estos 4 años como, por ejemplo, la crisis inflacionista derivada de la guerra en Ucrania; las tensiones en las cadenas de suministro: la fuerte subida de aranceles por parte de Trump; o fenómenos extraordinarios como la erupción del volcán de La Palma.

Comparando con la situación previa a la reforma laboral, entre diciembre de 2021 y diciembre de 2025 la afiliación a la Seguridad Social ha aumentado en dos millones de personas (un 10,2% más) y el desempleo se ha reducido en casi 700.000 personas (un 22,4% menos). Paralelamente, el peso de los contratos indefinidos ha pasado del 10,3% al 37,3%, mientras que la temporalidad, uno de los principales problemas estructurales del mercado laboral español, se ha reducido en 15,6 puntos porcentuales, desde el 27,9% hasta el 12,3%.

Por ello, cuando se cumplen cuatro años desde la entrada en vigor de la reforma laboral, resulta evidente que los cambios introducidos han sido determinantes para fortalecer el empleo y hacerlo avanzar de la mano de la actividad económica. No obstante, siguen siendo necesarias nuevas reformas que permitan mejorar de forma efectiva las condiciones de vida de las personas trabajadoras.

A pesar de los avances, para el sindicato persiste un margen relevante para reducir el desempleo, especialmente entre las personas en paro de larga duración. Para ello, piden reforzar las políticas activas de empleo, dotar adecuadamente a los servicios públicos de empleo y mejorar la orientación y la formación personalizada, con criterios homogéneos en todo el territorio y sistemas de evaluación eficaces que permitan medir su impacto real.

Asimismo, la mejora del empleo debe ir necesariamente acompañada de una mejora efectiva de los salarios que alcance al conjunto de las personas trabajadoras. La experiencia acumulada desde 2021 demuestra que las subidas sostenidas del Salario Mínimo Interprofesional -que ha pasado de 965 euros a 1.184 euros- no solo no han destruido empleo, sino que han contribuido a dinamizar el mercado de trabajo y a mejorar las condiciones de vida.

Por ello, UGT reclama con firmeza, avalada por la experiencia de estos cuatro años, una clara subida del SMI en la reunión de este 7 de enero y la consolidación de una senda de incrementos salariales sostenidos para el conjunto de las personas trabajadoras, a través de la negociación colectiva. Para que estas subidas tengan un impacto real y efectivo, resulta imprescindible limitar los efectos perversos de la compensación y absorción, garantizando que las mejoras salariales se trasladen íntegramente a las nóminas y no se diluyan mediante mecanismos que impiden que las personas trabajadoras participen de la evolución positiva de la economía.

Por último, la regulación del despido continúa siendo una asignatura pendiente. El actual sistema, en gran medida heredado de la reforma de 2012, sigue sin garantizar una protección suficiente frente al despido injusto, tal y como ha señalado el Comité Europeo de Derechos Sociales. UGT reitera la necesidad de una reforma que restablezca la justicia en el despido, refuerce su carácter disuasorio y garantice una reparación adecuada a las personas trabajadoras, conforme a la Carta Social Europea.

En definitiva, los datos de cierre de 2025 confirman la solidez del mercado laboral español y el acierto de las reformas emprendidas. UGT anuncia que continuará trabajando para que esta evolución positiva se traduzca en más empleo estable, salarios dignos, una reducción efectiva del paro de larga duración, jornadas laborales más equilibradas y un marco de relaciones laborales que garantice plenamente los derechos y la dignidad de las personas trabajadoras.

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