Francisco Martín Aguirre ha presentado este domingo, 25 de octubre, su dimisión como delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid. La decisión se produce apenas unos días después de conocerse que el Partido Socialista no había contado con él para formar parte de sus candidaturas al Congreso y al Senado de cara a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre.
Martín pone así fin a una etapa de tres años y medio al frente de la Delegación del Gobierno, un periodo caracterizado por los constantes desencuentros institucionales con el Gobierno regional de Isabel Díaz Ayuso y el Ayuntamiento de Madrid, encabezado por José Luis Martínez-Almeida.
Según fuentes de su entorno citadas por distintos medios de comunicación, el hasta ahora delegado considera que «no se dan las condiciones para seguir ejerciendo su responsabilidad», una afirmación que refleja el malestar generado por las últimas decisiones internas del PSOE.
Su exclusión de las listas socialistas, detonante de la dimisión
La decisión de dejar fuera a Francisco Martín de las candidaturas socialistas para las próximas elecciones generales ha sido uno de los principales factores que han precipitado su salida.
El dirigente había mantenido una estrecha vinculación política con Pedro Sánchez desde antes de su llegada a la Presidencia del Gobierno. De hecho, participó activamente en el movimiento de apoyo al actual presidente durante las primarias socialistas de 2017 y posteriormente ocupó diferentes responsabilidades en La Moncloa.
Sin embargo, su ausencia de las listas electorales ha evidenciado las diferencias existentes dentro del socialismo madrileño. Entre los antecedentes de esas tensiones figura su apoyo a Enma López en el proceso de primarias para elegir la candidatura socialista al Ayuntamiento de Madrid, en el que finalmente se impuso Reyes Maroto.
Su exclusión de las candidaturas ha sido interpretada por fuentes de su entorno como una desautorización política, especialmente después de los numerosos enfrentamientos que ha mantenido con los responsables de las administraciones autonómica y municipal.
Una gestión marcada por los enfrentamientos políticos
Desde su nombramiento en marzo de 2023, Francisco Martín ha protagonizado numerosos cruces de declaraciones con la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, y con el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida.
Las discrepancias se han centrado en asuntos relacionados con la seguridad ciudadana, la gestión de manifestaciones y concentraciones y las competencias de las distintas administraciones.
En las últimas semanas, la controversia se había intensificado por la acampada instalada en la Puerta del Sol en defensa del derecho a la vivienda, cuya gestión provocó duras críticas del Partido Popular y Vox.
A esta situación se sumaron las protestas educativas y las cargas policiales registradas durante las movilizaciones en la Universidad Complutense de Madrid. Martín cuestionó públicamente la proporcionalidad de determinadas actuaciones policiales y solicitó que se investigaran los hechos.
Sus declaraciones provocaron el rechazo del sindicato policial JUPOL, que llegó a exigir su dimisión al considerar que sus manifestaciones desautorizaban la actuación de los agentes.
Pilar Trinidad Núñez apunta a su sustitución
La dimisión abre ahora el proceso para designar a un nuevo representante del Gobierno de España en la Comunidad de Madrid.
Según las informaciones publicadas este domingo, Pilar Trinidad Núñez, actual subdelegada del Gobierno en Madrid, es la persona prevista para asumir el cargo, aunque su nombramiento deberá formalizarse en el Consejo de Ministros.
La previsión es que la decisión pueda adoptarse el próximo martes, garantizando así la continuidad de una institución que desempeña funciones esenciales en materia de seguridad, coordinación administrativa y representación del Ejecutivo central.
La salida de Francisco Martín se produce en plena recta final hacia las elecciones generales del 29 de noviembre y supone un cambio relevante en la representación institucional del Gobierno central en Madrid, después de una legislatura marcada por la confrontación política entre las administraciones.