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Nuevo cruce judicial entre el Gobierno central y Madrid
El Ministerio de Diana Morant denuncia al Gobierno de Ayuso por autorizar al ICAM abrir un centro de enseñanza superior privado
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Nuevo choque entre el Gobierno de España y la Comunidad de Madrid. En esta ocasión, el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades ha interpuesto una denuncia en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid contra el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso por autorizar al Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM) la creación de un centro de enseñanza superior privado adscrito, además, a la Universidad Complutense.

En el texto, el Ministerio señala que los colegios profesionales no tienen entre sus funciones legales la impartición de clases en las universidades, según establece la Ley Orgánica del Sistema Universitario, la famosa LOSU o 'LOSA', como la denomina el Partido Popular. Por ello, desde el área de Morant consideran que permitir que un colegio profesional gestione un centro adscrito "desvirtúa" la naturaleza de la docencia universitaria y no cumple con los requisitos de calidad y estructura que exige la ley estatal.

Así, la denuncia del Ministerio va contra una orden específica que, además, ya está contemplada en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, "ORDEN 5465/2025, del Consejero de Educación, Ciencia y Universidades, por la que se autoriza la adscripción del Centro Universitario "Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (CUICAM)" a la Universidad Complutense de Madrid". Este texto formaliza la creación del centro y permite que el Colegio de Abogados de Madrid (ICAM) pueda impartir el Grado en Derecho y varios másteres oficiales. El Ministerio de Ciencia ha impugnado precisamente esta orden ante el Tribunal Superior de Justicia porque considera que, además, supondría una vía "indirecta" para crear una universidad privada sin pasar los controles habituales.

Esta denuncia del área de Morant es un capítulo más en el enfrentamiento entre ambos gobiernos por la política universitaria. Cabe recordar que, el pasado mes de noviembre, la Comunidad de Madrid también recurrió ante el Supremo el Real Decreto de Universidades del Gobierno central, calificándolo de "arbitrario"