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La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha fallado a favor de la fundación ciudadana Civio en el 'caso BOSCO', nombre que recibe el código que emplea el Gobierno de España para asignar el bono social eléctrico. En su sentencia, el Tribunal condena al Estado a mostrar el código fuente de la aplicación BOSCO para que las empresas comercializadoras de energía eléctrica puedan comprobar si los solicitantes del bono social cumplen con los requisitos legales para tener la consideración de consumidor vulnerable.

Este fallo se ha asumido como un avance en materia de transparencia al poder conocer los entresijos de los algoritmos que toman decisiones que afectan a la vida de los ciudadanos. Desde Civio han argumentado la necesidad de poder acceder a BOSCO en tanto en cuanto aseguran que el proceso de petición del bono es el siguiente: el bono social se pide ante la comercializadora, que introduce los datos en BOSCO y este da una respuesta automática, sin comprobaciones posteriores.

Con este proceder, la decisión queda en manos de un algoritmo y, ante cualquier fallo, este podría afectar a miles de personas. Es más, desde Civio han recordado cómo en su momento BOSCO ya denegó las ayudas a familias que tenían derecho a la misma. Caso contrario al de ciertos dirigentes políticos que, con su base salarial, también estaban cobrando dicho bono.

Así, y tras conocer la línea argumental de ambas partes, el Supremo ha concluido que "la Fundación Ciudadana Civio tiene derecho a acceder al código fuente de la aplicación informática BOSCO, desarrollada para que las empresas comercializadoras de referencia de energía eléctrica puedan comprobar si los solicitantes del bono social cumplen con los requisitos previstos, legal y reglamentariamente, para tener la consideración de consumidor vulnerable y, por ende, resultan ser beneficiarios del bono social, con la finalidad de que pueda conocer las operaciones diseñadas para la concesión del bono social y comprobar que se ajustan al marco normativo aplicable".

Y es que, para el alto Tribunal, "el derecho de acceso a la información pública adquiere especial relevancia ante los riesgos que entraña el uso de las nuevas tecnologías en el ejercicio de las potestades públicas o la prestación de servicios públicos, como ocurre con el empleo de sistemas informáticos de toma de decisiones automatizadas en la actividad de las Administraciones públicas, especialmente, cuando tienen por objeto el reconocimiento de derechos sociales".