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Mónica García vuelve a considerar que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid le ha dado la razón con la Comunidad de Madrid: el Gobierno de Ayuso debería iniciar los trámites para realizar su registro de médicos objetores al aborto. Para la ministra de Sanidad, el auto del Tribunal fue una clara "victoria" que no ha tenido los efectos esperados, pues el Ejecutivo madrileño ha recurrido dicha resolución.

No obstante, García no se da por vencida y ha dado el salto de la amenaza judicial a la amenaza de posible inhabilitación. Así lo ha señalado la ministra: "me permiten recordar que el ordenamiento jurídico es muy claro en este punto. En el artículo 410 del Código Penal establece que las autoridades que se nieguen a cumplir resoluciones judiciales puede incurrir en responsabilidades penales con penas de multa o con inhabilitación".

No obstante, cabe recordar que el TSJM (Tribunal Superior de Justicia de Madrid) no dictó una sentencia definitiva sobre el fondo del asunto, sino un auto de medidas cautelares. En dicho texto aceptaba la petición del Ministerio de Sanidad y se obliga a la Comunidad de Madrid a iniciar de inmediato los trámites para crear el registro de objetores de conciencia al aborto (sin crear el registro todavía, solo empezar los procedimientos administrativos). No obstante, precisamente porque es un auto (y no una sentencia firme), cabe recurso, y eso es lo que ha hecho el Gobierno de Ayuso.