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El Parlamento Europeo decidió este martes solicitar al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) un dictamen jurídico para determinar si el acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur respeta los tratados comunitarios.

La decisión fue adoptada tras la aprobación de una resolución en sesión plenaria, que salió adelante con 334 votos a favor, 324 en contra y 11 abstenciones. Una segunda resolución, que también pedía una evaluación jurídica del acuerdo, fue rechazada por la Cámara con 225 votos favorables, 402 contrarios y 13 abstenciones.

Con este paso, la base jurídica tanto del Acuerdo de Asociación UE-Mercosur como del Acuerdo Interino de Comercio será ahora examinada por el Tribunal. Mientras se emite ese dictamen, el Parlamento Europeo continuará analizando los textos y deberá decidir posteriormente si concede o no su aprobación definitiva.

La resolución aprobada expresa la preocupación de la Eurocámara por la división del acuerdo en dos instrumentos jurídicos separados -el Acuerdo de Asociación y el Acuerdo Interino de Comercio-, al considerar que podría ser incompatible con varios artículos del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y del Tratado de la Unión Europea, además de afectar al equilibrio institucional y a las competencias de los parlamentos nacionales.

El Parlamento también alerta sobre el denominado mecanismo de reequilibrio incluido en el acuerdo comercial, que permitiría a una de las partes solicitar compensaciones si determinadas medidas de la otra afectan negativamente al comercio, incluso aunque no vulneren directamente el acuerdo. Según la resolución, este mecanismo podría comprometer la capacidad de la Unión para legislar en ámbitos como la protección del clima, el medio ambiente, la seguridad alimentaria o la salud pública.

Asimismo, la Eurocámara manifiesta su inquietud por un posible debilitamiento del principio de precaución, especialmente en relación con las normas sanitarias, fitosanitarias y medioambientales, así como por la autoridad concedida a paneles arbitrales para evaluar su aplicación.

En consecuencia, el Parlamento ha decidido solicitar formalmente al Tribunal de Justicia, en virtud del artículo 218 del TJUE, un dictamen sobre la compatibilidad del acuerdo UE-Mercosur con los Tratados y sobre el procedimiento seguido para su celebración. La presidenta de la Cámara queda encargada de iniciar de inmediato los trámites necesarios para recabar este pronunciamiento y trasladar la resolución al Consejo y a la Comisión Europea.

Un calendario ahora más incierto

La petición de dictamen al Tribunal de Justicia introduce un retraso significativo en la posible entrada en vigor del acuerdo. Aunque no existe un plazo cerrado para este tipo de pronunciamientos, en precedentes similares el TJUE ha tardado entre uno y dos años en emitir su dictamen, lo que en la práctica paraliza la aprobación definitiva por parte del Parlamento y del Consejo durante ese periodo.

Además, si el Tribunal apreciara incompatibilidades con los Tratados, el proceso podría prolongarse aún más debido a la necesidad de modificar o renegociar partes del texto. Incluso en el escenario de un dictamen favorable, el acuerdo debería reactivar posteriormente su tramitación política, lo que podría añadir varios meses adicionales al calendario.

De este modo, la entrada en vigor del acuerdo UE-Mercosur queda ahora condicionada a un procedimiento jurídico que puede aplazar su aplicación efectiva durante varios años.