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Luz verde al proceso de regularización extraordinaria de personas migrantes que ya se encontrasen en España antes del 31 de diciembre de 2025 y que, al menos, lleven en nuestro país cinco meses. No podrán acogerse a la misma aquellas personas que cuenten con antecedentes penales, pero quienes cumplan con los requisitos contarán con una autorización para la residencia legal con una vigencia inicial de un año.

El Partido Popular ha reaccionado negativamente al proceso explicado por la portavoz del Gobierno central. Aunque Elma Saiz asegura que se trata de una medida “necesaria para dar respuesta a una realidad que existe en nuestras calles”, el líder de la oposición asegura que “en la España socialista, la ilegalidad se premia”.

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