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¡Atención! Porque llega algo que no nos esperábamos, pero que, en cierto modo, era "Crónica de una muerte anunciada": la Inteligencia Artificial empezará a regir el Boletín Oficial del Estado (BOE) a partir del uno de enero de 2026. Así es, dentro del paquete de medidas que requiere aprobar el Gobierno central se incluye introducir la IA para agilizar procesos y, así, eliminar ciertos filtros ya que el poder interpretativo de la norma deja de estar en manos de jueces, funcionarios, abogados e incluso de los propios ciudadanos.

La incursión de la IA en el BOE supone dejar las leyes en un poder sin rostro que puede llegar a ejercer un control total en aquello que constituye nuestro modo de vida actual. No estamos hablando solo de una modernización administrativa, sino de un cambio en la forma en que el Estado se relaciona con los ciudadanos. Si el BOE es hoy casi nuestra 'Constitución', dotarlo de inteligencia artificial equivale a darle una nueva capa de poder.

Cabe destacar que el riesgo no está en que la IA “piense”, sino en que automatice decisiones que antes requerían interpretación humana, criterio político y, sobre todo, responsabilidad. Cuando el cumplimiento normativo se vuelve algorítmico, la excepción desaparece, el matiz se diluye y la ley puede pasar de ser un marco a ser un sistema operativo.

Si bien es cierto que una IA bien diseñada puede convertirse en garante de nuestros derechos, también lo es que, si se configura en función de intereses personales, algo que no sería novedoso en nuestra actualidad política, podría someter a la ciudadanía a esos mismos intereses. Y es que, la inteligencia artificial no solo consultaría el BOE, sino que lo entiende, lo conecta con tu vida y lo convierte en información accionable, pese a quien pese, arrase con quien arrase.

Además, en función de su configuración, podría acceder a una información más sensible de lo que somos conscientes. Si las grandes empresas ya pueden tener el control de nuestras conversaciones a través de las redes sociales habituales (WhatsApp, Instagram, X...), con los avances que se han ido introduciendo en la IA y su inclusión en la norma, aquellos que deciden podrían tener acceso a nuestras rutinas, nuestras inquietudes, pero también a nuestra ideología, nuestros movimientos como pueblo que, en algún momento, tuvo poder.

Y aquí también está el peligro. Si a la fuerza imperante no le gusta nuestro modo de pensar, las posibles rebeliones que organicemos o los contrapesos, puede legislar cargándose todo esto de un plumazo, y con un argumentario lo suficientemente sólido como para pasar por encima de la propia Constitución. Esto no es algo nuevo o disruptivo, es un hecho que ya está sucediendo a día de hoy, aunque de manera muy sibilina. ¿Desde cuándo se ha permitido que un Gobierno ejecute sin presupuestos durante años, que legisle sin consensos o que regule nuestro día a día, nuestro dinero, mientras varios miembros presuntamente han malversado con el mismo?

En definitiva, la pregunta ya no es si la IA debe usarse en la administración pública. La pregunta es quién la diseña, con qué límites, con qué transparencia y bajo qué control democrático. Porque cuando la ley se vuelve inteligente, también puede volverse implacable. Sino, mira el video que te dejo pulsando aquí, y entenderás todas las implicaciones.