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El juzgado número 1 de Getafe ha admitido a trámite la querella del Partido Popular de Getafe contra el concejal de Seguridad de Sara Hernández, que tendrá que declarar el próximo 17 de noviembre en calidad de investigado por un presunto delito de revelación de secretos, penado, según cuentan desde el PP, con hasta cuatro años de prisión, por el acceso a datos confidenciales y personales de los ciudadanos a través del programa Vinfopol, cuyo uso está restringido a la Policía Local.

El portavoz del Partido Popular de Getafe, Antonio José Mesa, ha señalado respecto a esta imputación por el `caso cloacas´ de la alcaldesa de Getafe que “ahora le van a explicar al juez para qué y por qué tienen acceso total a datos confidenciales de los vecinos de Getafe cuyo acceso está limitado a Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, autoridades judiciales o Ministerio Fiscal”.

“Es muy grave. Estarían utilizando datos del Ayuntamiento para espiarnos a los vecinos y a la oposición”, ha subrayado el edil del Partido Popular, quien añade que “en este `caso cloacas´, el concejal de Seguridad sería la Leire Díez particular de la alcaldesa”.

El portavoz ha añadido que “teniendo en cuenta la guerra sucia y las cloacas del sanchismo en Getafe, no descartaría que esta alcaldesa, como buena discípula, hubiera accedido también a datos de los miembros de la oposición, dentro de su política de persecución personal y política”. Una información de la que tienen sospechas de que pueda "ser utilizada por la alcaldesa para chantajear o presionar a vecinos que discrepan del Gobierno local".

El auto del juez pide también a la Policía Local que informe, en el plazo de diez días, en qué consiste la plataforma policial Vinfopol, qué tipo de datos e información contiene, si el concejal de Seguridad ha accedido a dicha plataforma, desde cuándo tiene acceso, quién autorizó su alta como usuario y el informe de los accesos y consultas realizadas por el mismo, entre otras cuestiones.

“Igual que Sánchez persigue a jueces, policías, ciudadanos, periodistas y oposición, Sara Hernández estaría haciendo lo mismo en Getafe. La sombra de las cloacas del sanchismo se extiende en Getafe, ya lo vimos con la condena al Fiscal General del Estado y aquí con la imputación del concejal de Seguridad, que no hace nada sin que se lo diga la alcaldesa”, ha explicado Mesa.

Continúa exponiendo Mesa que la alcaldesa “está cercada por la corrupción, con sus vínculos con la trama de Santos Cerdán, la trama Dubái, el clientelismo y enchufismos en la empresa pública Lyma y la Policía Local, a lo que se suma este caso de espionaje. Es una alcaldesa agotada y un gobierno que está dando sus últimas bocanadas”.

Por todo ello, desde el PP no van a parar hasta que “se haga justicia ante todas estas corruptelas de Sara Hernández y este es un paso más”.

Denuncia ante la Justicia

Los populares presentaron el pasado mes de junio una denuncia ante la Justicia, tras pedir en el Pleno el cese del concejal, quien reconoció que tenía acceso a dicho programa.

Entonces, el portavoz popular denunció que “se trata del `Gran hermano´ de la alcaldesa para saber dónde vives, dónde trabajas, qué coche tienes, si te han multado, si te han hecho un control de alcoholemia o si apareces en alguna intervención policial”. Este programa permite acceder además a minutas o diligencias, partes, fotos y datos, entre otra información.

Según argumentaron los populares en su querella, el acceso al programa Vinfopol por parte del Gobierno de Sara Hernández supondría la vulneración de la Ley orgánica 7/2021, de protección de datos personales tratados para fines de prevención, detección, investigación y enjuiciamiento de infracciones penales y de ejecución de sanciones penales.

El artículo 4 determina cuáles son las autoridades competentes: las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, las autoridades judiciales del orden jurisdiccional penal y el Ministerio Fiscal, las administraciones penitenciarias, la dirección adjunta de vigilancia aduanera; el servicio ejecutivo de la comisión de prevención del blanqueo de capitales e infracciones monetarias y la comisión de vigilancia de actividades de financiación del terrorismo.

“Claramente no se permite el acceso a un concejal por muy concejal de seguridad que sea o muy alcaldesa que sea. Estos datos sensibles no debe conocerlos el político de turno”, sentencia Antonio José Mesa.