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La consejera de Economía, Hacienda y Empleo de la Comunidad de Madrid, Rocío Albert, ha cargado duramente contra la nueva propuesta de financiación autonómica presentada por el Gobierno hace unos días y defendida por la vicepresidenta primera Mª Jesús Montero en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF). La consejera madrileña considera que supone un agravio directo a los madrileños y un trato de favor a Cataluña y al independentismo catalán.

Albert ha mostrado su sorpresa por la ausencia del líder de ERC, Oriol Junqueras, al frente del CPFF, asegurando que “es él quien ha diseñado el modelo” y que el Ejecutivo ha optado por enviar a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, “para intentar blanquear este chantaje”. En este sentido, la consejera ha sido tajante al afirmar que “no sé a quién intenta engañar”, ya que, a su juicio, “lo que es bueno para los independentistas no puede ser bueno para el conjunto de los españoles”.

Según ha denunciado, la propuesta del Gobierno implicaría que la Comunidad de Madrid reciba hasta un 83% menos de recursos que Cataluña, lo que, en palabras de Albert, busca “instaurar un sistema de castas en el que a los madrileños se les va a utilizar para sufragar los privilegios ajenos”. “No lo vamos a aceptar ni lo vamos a tolerar”, ha subrayado, advirtiendo de que el Ejecutivo regional utilizará “todos los recursos legales” a su alcance para impedir que Madrid disponga de menos financiación para servicios públicos que cualquier otra comunidad.

La consejera ha insistido en que la Comunidad de Madrid no permitirá que “ningún español tenga menos recursos para los servicios públicos que un español independentista”, calificando esta posibilidad de “vergüenza” y acusando al Gobierno de utilizar la financiación autonómica como moneda de cambio política.

En la misma línea, el Partido Popular de Madrid ha reiterado su rechazo frontal a la propuesta de financiación autonómica impulsada por el Ejecutivo de Pedro Sánchez. Desde la formación madrileña se considera que el planteamiento presentado por la ministra María Jesús Montero rompe los principios de igualdad y solidaridad entre españoles, penaliza a las comunidades que más aportan al sistema y responde exclusivamente a la necesidad del Gobierno de mantener el apoyo parlamentario de los partidos independentistas.

El PP de Madrid sostiene que cualquier reforma del modelo de financiación debe abordarse desde el consenso, con criterios técnicos y de equidad, y recuerda que una modificación de este calado requiere cambios en una ley orgánica como la LOFCA, que deben ser aprobados por el Congreso de los Diputados. En este sentido, tanto el Gobierno regional como el PP madrileño consideran que la propuesta actual es “fuego de artificio”, al no contar con los apoyos necesarios para salir adelante, pero advierten de que seguirán vigilantes ante cualquier intento de imponer un modelo que perjudique a los madrileños.