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El CEO del Grupo Ribera Salud continúa en el centro de la polémica desde que El País publicase unos audios en los que, entre otras cosas, se le escucha proponer la reducción de intervenciones, rechazar pacientes y elevar el beneficio anual con esta orientación de la actividad. Tras destaparse el escándalo, Pablo Gallart dimitió de sus funciones en el Hospital de Torrejón y, ahora, el PSOE-M anuncia la interposición de una denuncia ante la Fiscalía de Madrid contra él “como presunto autor de irregularidades en la gestión del Hospital de Torrejón, administrado por la concesionaria Ribera Salud”.

El secretario general de los socialistas madrileños asegura que la formación a la que representa hará “todo lo que esté en su mano para que nunca más nadie haga negocio con la sanidad pública de Madrid”. Óscar López recuerda que “la sanidad es un derecho” y cree que la “están asaltando para hacer negocio”. En este punto, apunta hacia Isabel Díaz Ayuso, acusándola de parecer “más la portavoz de Ribera Salud que la presidenta de la Comunidad de Madrid”, quien ha trasladado su apoyo “al personal del Hospital de Torrejón”.

Ayuso asegura que su Gobierno ha abierto “una nueva inspección, que se une a las 40 inspecciones anuales que tiene” este centro hospitalario madrileño. La presidenta regional señala que los resultados de esta inspección arrojan que “este hospital recibe por parte de sus pacientes un 8,6 sobre 10 de media”. “La última auditoría demuestra la alta satisfacción de sus pacientes, sus mejores listas de espera y el trabajo bien hecho”, insiste Isabel Díaz Ayuso, convencida de que “no se puede poner en tela de juicio a todo el sistema sanitario, por mucho que lo esté promoviendo Pedro Sánchez”.

“Ahora, que nos hablen de la huelga de médicos en toda España”, dice la presidenta de la Comunidad de Madrid en referencia a los cuatro días de parón, programados desde el 9 de diciembre, a los que están llamados todos los médicos del país. Los profesionales se ponen en huelga para protestar contra el estatuto marco del Ministerio de Sanidad y para reivindicar uno propio en el que queden recogidas sus particularidades.

La ministra de Sanidad asegura que “el nuevo estatuto marco no soluciona ni todos los problemas ni todas las frustraciones, sencillamente porque el grueso de las competencias en materia de condiciones laborales depende de las comunidades autónomas”. Mónica García insiste en que el último borrador ha sido “dialogado y redactado a siete manos con sindicatos, comité de huelga y CCAA”, segura de que recoge “todas las mejoras, negro sobre blanco” y refleja reivindicaciones como “la reducción de jornadas, los límites a los abusos o el fin de la precariedad”.

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