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El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, ha defendido en la Asamblea de Madrid que la compra del ático de Chamberí respondió a necesidades institucionales de la Comunidad y no a la creación de una residencia oficial para Isabel Díaz Ayuso. Durante su última intervención en el Pleno donde ha comparecido a petición propia para dar explicaciones sobre este asunto, ha anunciado que Planifica Madrid mantendrá el inmueble a la venta mediante un procedimiento abierto después de que no se recibieran ofertas en la primera operación.

García Martín ha calificado como “una gran mentira de la izquierda” las acusaciones de la oposición sobre la finalidad de la vivienda y ha insistido en que el Ejecutivo regional “nunca compró un inmueble para residencia de la presidenta”.

Según ha explicado, Planifica Madrid adquirió el inmueble del paseo del General Martínez Campos por 6,3 millones de euros, dentro de sus competencias de gestión patrimonial y a petición de la Consejería de Presidencia. El Gobierno regional sostiene que el ático estaba destinado a complementar la actividad institucional y a servir de apoyo durante las obras de la Real Casa de Correos.

El consejero ha defendido también que el uso previsto es compatible con la normativa urbanística y ha citado los informes de Patrimonio y de la Abogacía General de la Comunidad para respaldar esta interpretación.

En su intervención final, García Martín ha avanzado que Planifica Madrid seguirá adelante con la venta del inmueble de Chamberí después de que la primera convocatoria quedara sin ofertas. Este jueves se han celebrado las mesas técnicas sobre la operación y está previsto que el viernes se reúna el consejo de administración de la empresa pública para acordar la continuidad del proceso mediante un procedimiento abierto de adjudicación.

El Ejecutivo regional también ha recibido una oferta por los cuatro inmuebles de Gran Vía puestos a la venta. La propuesta se sitúa cerca de los 12 millones de euros, según ha detallado el consejero.

García Martín ha vinculado estas operaciones con la obtención de recursos para atender las consecuencias de los incendios registrados en la Comunidad de Madrid. Ha anunciado que Planifica Madrid prevé repartir casi 23 millones de euros en dividendos a favor de la Comunidad.

De esa cantidad, 20 millones se destinarían a continuar las labores de reconstrucción en la Sierra Oeste, donde la Comunidad asegura haber aprobado ya una inversión superior a los 120 millones de euros. Otros 2,9 millones irían a la Agencia de Vivienda Social para atender las necesidades de las personas vulnerables que perdieron su vivienda habitual en los incendios.

El consejero ha asegurado además que la Comunidad publicará en el Portal de Transparencia y en el de Planifica Madrid la documentación relacionada con la operación y ha afirmado que se responderán las solicitudes de información planteadas por los grupos parlamentarios y los ciudadanos.

Por último, ha anunciado que los servicios jurídicos de la Comunidad de Madrid estudiarán interponer una demanda a las portavoces de Más Madrid, Manuela Bergerot, y del PSOE, Mar Espinar, por un posible delito de injurias contra la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso.

Más Madrid: “El ático va a ser un chicle”

La portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Manuela Bergerot, ha cuestionado duramente las explicaciones del Gobierno regional y ha acusado a Ayuso de haber utilizado dinero público para adquirir un inmueble que, a su juicio, estaba relacionado con la presidenta.

Bergerot llegó a afirmar durante la sesión de control que Ayuso no merece una residencia oficial, sino “un juicio por corrupta”, en referencia tanto a la compra del ático como a sus críticas a la gestión sanitaria de la Comunidad. También aseguró que “el ático va a ser un chicle que se le va a pegar hasta el final de su carrera política”.

La portavoz de Más Madrid sostiene que las explicaciones ofrecidas por el Ejecutivo son “todo mentiras” y ha reclamado que se hagan públicos los documentos de la operación. Ayuso ha invitando a Bergerot a trasladar esas acusaciones fuera del hemiciclo y ha señalado que podrían abordarlas en los tribunales.

PSOE: críticas a los informes y al procedimiento

La portavoz socialista en la Asamblea, Mar Espinar, ha acusado al Gobierno regional de haber recurrido a “informes de consejerías a posteriori” para justificar la operación y ha advertido a García Martín de que le habrían “obligado a cometer una ilegalidad”.

Espinar ha cuestionado quién dio la orden para comprar el inmueble y si el consejero delegado de Planifica Madrid, Pedro Corbalán, tenía capacidad para decidir por sí solo una operación de 6,3 millones de euros.

La dirigente socialista también ha criticado que la documentación de la compraventa no se hubiera entregado antes de la comparecencia y ha asegurado que la oposición continuará reclamando explicaciones sobre el destino del inmueble y sobre el procedimiento seguido para adquirirlo.

Durante la sesión de control, Espinar había reclamado previamente la dimisión de Ayuso al considerar que la presidenta había ofrecido distintas versiones sobre el ático. Entre ellas, cuestionó sus explicaciones sobre el conocimiento que tenía de la operación y sobre el destino inicialmente previsto para el inmueble.

Vox: “El ‘y tú más’ no cubre sus obligaciones de transparencia”

Vox también ha puesto en duda las explicaciones ofrecidas por el Gobierno regional. La diputada Ana Cuartero las ha calificado de “poco precisas y confusas” y ha advertido de que el argumento de comparar la situación de Madrid con la de otras administraciones no resuelve, a su juicio, las obligaciones de transparencia de la Comunidad.

Cuartero ha señalado que, cuando una administración adquiere un inmueble, este debe quedar vinculado al uso público previsto y ha cuestionado que ese paso se haya producido en este caso.

La diputada de Vox ha reclamado además la documentación de la compraventa y ha advertido de que la polémica no termina con la comparecencia de García Martín. “La cuestión no acaba hoy”, ha señalado, anticipando nuevos debates sobre la operación en la Asamblea.

Vox también ha criticado que no se hubiera facilitado previamente toda la documentación relacionada con la adquisición y ha cuestionado el argumento de que la venta del ático contribuya a financiar la reconstrucción tras los incendios.

Con la primera venta del ático sin ofertas, el Gobierno regional optará ahora por mantener el inmueble en el mercado mediante un procedimiento abierto. Mientras tanto, la oferta recibida por los cuatro inmuebles de Gran Vía y el futuro reparto de casi 23 millones de euros de Planifica Madrid abren una nueva vía para que la Comunidad obtenga recursos destinados a la reconstrucción de las zonas afectadas por los incendios y a las familias que perdieron sus viviendas.

Alfonso Serrano arropa a su presidenta

El secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, también ha defendido la actuación del Gobierno regional y ha cuestionado el enfoque de la oposición. “Quizá el problema no está en la Comunidad de Madrid, quizá el problema está en la obsesión de algunos por mantener ese relato”, ha afirmado durante el Pleno.

Serrano ha acusado a los grupos críticos de “invertir la carga de la prueba” y ha sostenido que la comparecencia de García Martín ha demostrado que “no hay nada que ocultar” y que toda la documentación se facilitará “en tiempo y forma, conforme a la Ley”.

El dirigente popular ha insistido en que el inmueble no estaba destinado a vivienda y ha señalado que Ayuso estaba buscando un piso de alquiler mientras se tramitaba la compra y que, tras conocerse públicamente la operación, continuó con la gestión de su propio contrato.

Serrano ha ironizado además con el cambio de argumentos de la oposición y ha afirmado que ahora se sostiene que el ático estaba destinado a la siguiente legislatura, algo que, a su juicio, parte de la premisa de que Ayuso continuará como presidenta después de mayo de 2027.

También ha criticado la atención dedicada al inmueble frente a otros asuntos que considera relevantes para la seguridad del país y ha acusado a la televisión pública nacional de convertir el caso en “un serial político” contra el Gobierno madrileño. “Cuando los hechos no encajan con el relato, ustedes no cambian el relato: buscan nuevos capítulos”, ha concluido.