Durante la primera jornada del Debate del Estado de la Región, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha pronunciado un contundente discurso centrado en duras críticas a la gestión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. La dirigente autonómica ha abordado cuestiones clave de la actualidad nacional, que van desde la seguridad fronteriza y la política migratoria hasta la corrupción y las decisiones judiciales.
Ayuso ha denunciado la inacción del Ejecutivo central ante los acontecimientos en Ceuta, señalando un "abandono deliberado" de la integridad territorial española. La presidenta regional ha asegurado que la reciente desclasificación de informes del CNI y de la Policía Nacional evidencia que Sánchez no actuó a pesar de los avisos previos de invasión. A este respecto, ha advertido sobre el "recorrido judicial" que estas omisiones podrían tener, cuestionando la "actitud vasalla" de Moncloa hacia Marruecos y llegando a afirmar que "tenemos un presidente ausente y chantajeado por intereses inconfesables".
En materia socioeconómica y de extranjería, la presidenta madrileña ha alertado de que la "regularización masiva descontrolada" pone en serio riesgo la sostenibilidad de los servicios públicos de la región. Aunque ha destacado la capacidad histórica de Madrid para acoger a población creciente, ha enfatizado que este volumen de regularizaciones desborda cualquier previsión, lo que impactará negativamente en los ciudadanos madrileños tras las directrices de lo que ha calificado como "las chapuzas de este Gobierno".
El discurso ha incluido también referencias a la política penitenciaria, criticando la concesión del tercer grado al preso de ETA Henri Parot. Ayuso se ha referido de forma irónica a este hecho dando la "enhorabuena" al etarra y atribuyendo la medida a los acuerdos políticos del presidente del Gobierno.
Por último, ha acusado al Ejecutivo central de llevar a cabo una persecución contra periodistas, jueces y fiscales, mientras "la corrupción se esconde bajo las alfombras a modo de mafia". Asimismo, sobre la suspensión cautelar de la Ley de Nietos por parte del Tribunal Supremo, la presidenta ha lanzado una advertencia formal a los cónsules en las embajadas para que eviten incurrir en ilegalidades frente a posibles presiones políticas, asegurando que su Gobierno autonómico no dudará en recurrir a los tribunales si fuera necesario.