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El 'Caso Zapatero' continúa sumando capítulos y salpicando a nuevas administraciones. En esta ocasión, la diputada de Más Madrid, Marta Lozano, ha detallado ante nuestras cámaras la presunta implicación de la Comunidad de Madrid en el entramado que actualmente investiga la Audiencia Nacional. La parlamentaria denuncia la existencia de diversos contratos firmados entre el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso y el empresario Julio Martínez —pieza clave en la presunta trama que rodea al expresidente socialista—, todos ellos suscritos entre 2023 y la actualidad.

La formación política encendió las alarmas tras revelarse que la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) de Hacienda había detectado un contrato de 15 millones de euros entre el organismo público Metro de Madrid y una de las sociedades de Martínez para las obras de la Línea 1, un acuerdo que posteriormente se prorrogó por otros 19 millones. A raíz de este hallazgo, el grupo parlamentario inició una investigación interna que ha destapado nuevos contratos adjudicados al investigado por parte de diferentes consejerías y entes públicos madrileños.

"El Gobierno de Ayuso, que hasta ante ayer bramaba y decía que este entramado de corrupción no había conseguido desarrollar aquí sus tentáculos, una vez más queda desmontado con los hechos", sostiene la parlamentaria.

Lozano pone el foco de sospecha en dos factores: las fechas de adjudicación, posteriores a la toma de posesión de la actual presidenta autonómica, y la ubicación de las empresas, domiciliadas en Alicante. Esto último plantea, a juicio de la diputada, una cuestión de pura lógica: ¿No existían entidades en la región capaces de asumir dichos encargos?

La sombra del fraccionamiento de contratos

Otro de los puntos críticos de la denuncia radica en el formato de las adjudicaciones vinculadas a la Consejería de Empleo. Según explica Lozano, se trata de "contratos menores que se producen por unos pocos euros menos de límite legal establecido para esta figura".

Al rozar el tope legal sin llegar a superarlo —por ejemplo, fijando importes de 39.900 o 39.800 euros en contratos de obra cuyo límite es de 40.000— se evita el concurso público obligatorio. "Estamos hablando de que la Comunidad de Madrid podría estar haciendo una fragmentación de contratos para desarrollar obras, estamos hablando de que se estarían saltando la Ley de Contratos del Sector Público", advierte la diputada.

Próximos pasos

Ante la posible gravedad de los hechos recopilados, Más Madrid ha decidido elevar formalmente el caso a la Cámara de Cuentas para que fiscalice de forma exhaustiva la legalidad de estos contratos. No obstante, desde el grupo parlamentario miran con escepticismo el recorrido de la iniciativa debido a la mayoría absoluta del Partido Popular en la región, por lo que ya avisan que no descartan acudir a la vía judicial para llegar hasta el fondo del asunto.

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