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El consejero y portavoz del Gobierno de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, ha avanzado esta mañana en el Consejo de Gobierno las alegaciones contra el Anteproyecto de Ley Orgánica de Integridad Pública del Gobierno de España. Un texto que, a juicio del Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso, pretende "consagrar" las prácticas "opacas, fraudulentas y corruptas realizadas, presuntamente, en tramas como la de Servinabar, vinculada a Santos Cerdán".

En palabras de García Martín, de aprobarse la Ley, sería un "salvoconducto" para que "la corrupción siga campando a sus anchas en el Gobierno y en el Partido de Pedro Sánchez". Así se ha manifestado el consejero antes de proceder a explicar algunos puntos que recoge la norma y que han sido criticados con anterioridad.

Una de las críticas más técnicas y fuertes viene de notarios y registradores. El anteproyecto permite transmitir participaciones de sociedades limitadas mediante documento privado electrónico (en vez de escritura pública), saltándose de facto la figura del notario. En palabras del mandatario, "desmantela de facto todo el sistema de prevención y que actúa desde las notarías como barrera al blanqueo de capitales y el fraude", y que supone una herramienta clave para los organismos que investigan como son la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) o los fiscales.

Por otro lado, se duda de que la Agencia Independiente de Integridad Pública sea realmente independiente, pues estará supeditada presupuestaria y orgánicamente al Gobierno (a través del Ministerio de Hacienda), y su presidente lo nombrará el Ejecutivo con refrendo del Congreso. Organismos como Civio han señalado que podría repetirse el problema actual de la Oficina de Conflictos de Intereses, que habría sido muy laxa con altos cargos del Gobierno.

"El rechazo del texto ha sido rotundo", asegura García Martín, contando con la negativa no solo de la Comunidad de Madrid, sino de los propios profesionales a los que afecta la norma. Incluso el Consejo Fiscal lanza advertencias similares a las del consejero, "esta ley supondría menos controles" y "más inseguridad jurídica y burocracia".