El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid ha aprobado el Decreto de creación y regulación de la Aceleradora Urbanística regional, una herramienta destinada a simplificar los trámites burocráticos y generar más suelo para vivienda. Con esta iniciativa, el Ejecutivo autonómico apuesta por la agilidad, la transparencia, la colaboración institucional y la eficiencia, promoviendo la cooperación con los ayuntamientos y con los distintos órganos sectoriales, además de contribuir al incremento de la oferta residencial.
Se trata de una actuación pionera, desarrollada por la Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior a través de la Dirección General de Urbanismo, gracias a la cual se centralizará la solicitud de informes sectoriales preceptivos asociados a estos planes y de ordenación del territorio, tanto de la parte urbanística como ambiental. Estos se tramitarán de manera simultánea y automatizada, lo que permitirá reducir de forma significativa los tiempos de gestión.
La Aceleradora evitará duplicidades y acortará a la mitad los plazos en actuaciones consideradas de especial relevancia. Tendrán carácter preferente los planes de ordenación que incorporen iniciativas con positiva incidencia territorial, económica, social o cultural. Al agilizar los procedimientos, especialmente en los proyectos estratégicos, se aporta seguridad a las empresas inversoras y se evitan retrasos administrativos. Además, la medida favorece la creación de vivienda, equipamientos e infraestructuras, respondiendo así a las necesidades actuales de los madrileños.
La nueva herramienta será clave para centralizar, agilizar y coordinar la emisión de informes. Contará con una plataforma digital automatizada que permitirá a los interesados realizar un seguimiento en tiempo real de los trámites, detectar posibles barreras y plantear mejoras. Su funcionamiento comenzará un mes después de su próxima publicación en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid.
La Aceleradora dispondrá de un equipo técnico especializado que prestará apoyo a los municipios para que sus trámites se realicen con de forma ágil y con mayor eficacia. Este recurso será especialmente útil para los consistorios de menor tamaño o capacidad administrativa limitada, al facilitar que sus planes urbanísticos se ajusten a los plazos legales establecidos y que la documentación necesaria quede debidamente revisada. Todo ello se realizará bajo criterios sólidos de seguridad jurídica y con una coordinación eficaz entre las administraciones estatal, regional y local.
Además, se constituirá un órgano colegiado encargado de determinar qué actuaciones requieren un tratamiento prioritario y de comprobar si los informes han sido emitidos dentro del tiempo previsto, si se adecúan a las competencias correspondientes o si existe algún obstáculo que pueda generar demoras.
Con esta iniciativa, la Comunidad de Madrid se anticipa al crecimiento demográfico y a los retos territoriales de los próximos años, ofreciendo un instrumento que combina eficiencia, sostenibilidad y certeza jurídica. A ello se suma la inminente publicación del anteproyecto de una nueva ley del suelo para el desarrollo equilibrado en la región, que facilitará las soluciones residenciales y la regeneración urbana.