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El Tribunal de Cuentas ha abierto una investigación sobre la gestión de varios hospitales públicos de la Comunidad de Madrid explotados bajo concesión por Grupo Quirónsalud y Ribera Salud, tras admitir a trámite una denuncia presentada por el PSOE.

El órgano fiscalizador ha acordado incoar una “pieza de acción pública”, un paso que permite analizar si existen responsabilidades contables derivadas de los hechos denunciados. En su resolución, además, da un plazo de nueve días al PSOE para formalizar su personación y concretar los supuestos irregulares que considera que pudieron producirse.

La denuncia socialista, registrada el pasado 20 de febrero, sostiene que pudo haberse producido un menoscabo de fondos públicos por un control deficiente en la facturación entre hospitales de gestión directa y centros con concesión privada. En concreto, apunta a una deuda generada cuando algunos hospitales públicos atendieron a pacientes procedentes de centros gestionados por estas empresas en el marco del sistema de libre elección sanitaria.

Según la documentación aportada, el Ejecutivo regional habría dejado sin reclamar en torno a 71,6 millones de euros a estas compañías. Este extremo es uno de los principales puntos que ahora deberá analizar el Tribunal de Cuentas para determinar si existió perjuicio económico para la administración.

Desde el PSOE de Madrid, su secretario general, Óscar López, ha valorado la decisión del órgano fiscalizador como un avance en la depuración de responsabilidades y ha insistido en la necesidad de esclarecer la gestión de los recursos públicos en el sistema sanitario madrileño.

En una línea más crítica, la portavoz socialista en la Asamblea de Madrid, Mar Espinar, ha asegurado que “los regalos de Ayuso a las empresas en las que trabaja su entorno no van a quedar impunes”. Espinar ha señalado que la apertura de esta investigación “da un paso más para demostrar que puede haber responsabilidad contable del Gobierno regional al perdonar más de 71 millones de euros sin justificar”.

La dirigente socialista ha acusado además al Ejecutivo autonómico de “regar con dinero público a empresas privadas”, al tiempo que ha contrapuesto esta situación con el estado del sistema sanitario, afirmando que las listas de espera “siguen aumentando hasta alcanzar cerca de un millón de personas”.

El caso vuelve a situar en el centro del debate el modelo de colaboración público-privada en la sanidad madrileña, una cuestión que ha generado un intenso enfrentamiento político en los últimos años. Mientras el Gobierno regional defiende este sistema como una fórmula para optimizar recursos, la oposición cuestiona su transparencia y eficacia.

La apertura de diligencias por parte del Tribunal de Cuentas no implica por ahora la existencia de irregularidades probadas, pero sí marca el inicio de un proceso de investigación que podría derivar, en su caso, en la exigencia de responsabilidades contables al Ejecutivo que preside Isabel Díaz Ayuso.