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La causa judicial contra Ana Millán ha sido archivada de forma definitiva, poniendo fin a una investigación que se ha prolongado durante años y que había centrado el foco político en la dirigente del Partido Popular de Madrid. La decisión llega después de que la Fiscalía solicitara recientemente el sobreseimiento al considerar que los hechos investigados no constituían delito.

El cierre del caso se produce tras el pronunciamiento previo del Ministerio Público, que concluyó que no existían indicios de participación de Millán en ninguna actividad delictiva. En su informe, la Fiscalía respaldó el criterio ya apuntado por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que había señalado que los hechos analizados carecían de relevancia penal.

Asimismo, la investigación, en la que se analizaron varios contratos adjudicados a una empresa propiedad de Francisco Roselló durante la etapa como concejal de juventud de Millán, no detectó irregularidades ni arbitrariedades, ni tampoco acreditó la existencia de ingresos injustificados o vínculos entre dichos contratos y supuestos beneficios personales. La justicia cambia así de criterio después de que en los momentos iniciales de la investigación tanto la entonces jueza de Navalcarnero (distinta a la actual) como los informes de la UCO apuntaban a posibles delitos.

Sin embargo, en la Audiencia Provincial de Madrid, donde llegó el caso por el aforamiento de Millán, se cuestionó el desarrollo del proceso al considerar que no había indicios suficientes que sustentaran algún delito y, además, sostener que la instrucción debía haber finalizado en septiembre de 2025, lo que reforzó la idea de que la causa se había prolongado más allá de lo razonable.

El archivo definitivo supone un punto final judicial a un caso que ha tenido repercusiones políticas durante la última década. Desde el entorno del Partido Popular de Madrid se ha insistido en que las acusaciones, impulsadas por PSOE y Más Madrid en calidad de acusación popular, han quedado desacreditadas tras las conclusiones judiciales. La semana pasada, en la Asamblea de Madrid, la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, y los diputados populares exigieron a la oposición que pida perdón públicamente por el "escarnio" que ha sufrido la vicepresidenta de la Asamblea regional en el juicio mediático que lleva inmersa durante seis años. Además, los populares quisieron reconocer a Ana Millán los complicados momentos que ha pasado durante meses y meses.

La resolución judicial cierra así un proceso que, según fuentes del entorno de la dirigente, ha tenido un impacto significativo en su reputación personal y trayectoria política de Millán. Tras el archivo, no se descarta la adopción de acciones legales en defensa de su honor.

La Justicia pone fin a uno de los casos que había generado mayor controversia en el ámbito político madrileño en los últimos años, en un contexto de creciente debate sobre el uso de la acusación popular en causas judiciales con implicaciones políticas.