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El Tribunal Constitucional ha levantado la suspensión de la Ley que protege la Real Casa de Correos, sede del Gobierno de la Comunidad de Madrid desde tiempos de Joaquin Leguina, primer presidente socialista de la región. En el auto al que ha tenido acceso este medio, el Tribunal considera que tanto el recurso de inconstitucionalidad que interpuso el Ejecutivo central, como la negativa del Gobierno autonómico para colocar placas en el edificio, responden a "supuestos futuros" que no responden al grado de "certeza" necesario para mantener la suspensión de dicho decreto.

El texto en cuestión se refiere al Artículo 4 de la Ley 8/2024, de 26 de diciembre, de medidas para la mejora de la gestión pública en el ámbito local y autonómico de la Comunidad de Madrid. Dicho punto establece una especial protección en edificios regionales, algo que se recurrió desde la Presidencia del Gobierno al considerar que atentaba contra la Ley 20/2022, de 19 de octubre, de Memoria Democrática, menoscabando la competencia estatal.

Cabe recordar que el Ministerio de Memoria Democrática había iniciado el proceso para determinar la Real Casa de Correos como lugar de Memoria Democrática. El área liderada por Ángel Victor Torres quería colocar una placa distintiva en la que se reflejara que el edificio del Gobierno madrileño había sido sede de la “Extinta Dirección General de Seguridad franquista".

Enseguida, el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid planteó un conflicto positivo de competencias, que fue admitido a trámite el 11 de marzo de 2025. También fue admitido a trámite en abril el recurso de inconstitucionalidad de Presidencia previamente mencionado, y el cuál llevo a la suspensión temporal de la norma autonómica.

Con todo ello sobre la mesa, el Constitucional parte de que los perjuicios invocados por el abogado del Estado son que la norma autonómica va a dificultar la declaración de la Real Casa de Correos como lugar de memoria democrática y, con ello, el restablecimiento de la dignidad y la integridad moral de las víctimas de los hechos sucedidos en dicho inmueble.

Sin embargo, "este efecto se formula en términos hipotéticos, ya que el procedimiento para declarar la Real Casa de Correos como lugar de memoria democrática no ha sido resuelto todavía", sostiene el Tribunal. Por tanto, "la posible instalación de placas o distintivos, así como la celebración de eventos y otros actos, no pasa de ser un suceso futuro e incierto; como también lo es la eventual negativa de la Comunidad de Madrid a autorizar dichas actuaciones". Por todo ello, se levanta la suspensión.