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Piden responsabilidades a la Universidad de Alcalá por la situación de sus trabajadores
CCOO Henares actualiza la situación de la plantilla tras la sentencia interpuesta a la empresa encargada de las instalaciones deportivas

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Hugo Carrasco, secretario de Acción Sindical en Comisiones Obreras Henares.

Alcalá de Henares |

La Justicia da la razón a Comisiones Obreras. El Juzgado de lo social nº30 de Madrid ha obligado a la empresa encargada de las instalaciones deportivas de la Universidad de Alcalá a readmitir a la delegada del personal, despedida el pasado 15 de marzo de 2023. Así nos lo ha trasladado Hugo Carrasco, secretario de Acción Sindical, en una entrevista con Televisión Digital de Madrid.

Carrasco ha explicado que el conflicto viene de lejos. Al parecer, la empresa Ilitia Mediterránea S.L. ha ido cometiendo diferentes irregularidades, "intentó rebajar las categorías del conjunto de la plantilla, buscando una devaluación salarial de todos los trabajadores y trabajadoras de las instalaciones deportivas", explica el secretario de CCOO Henares. Cuando el sindicato se enteró, tomó cartas en el asunto, algo que terminó con el despido de su compañera.

Ahora, la entidad ha sido condenada no solo a volver a contratar a la delegada sindical, sino a pagar una indemnización de 7.501 euros por vulneración de derechos fundamentales. También tendrá que "abonar los salarios de tramitación", es decir, "todos los salarios que no ha percibido la trabajadora desde el despido hasta la fecha de la reincorporación".

Por otro lado, desde CCOO también han pedido a la UAH que actúe ante lo que ha pasado, "esto no deja de ser un servicio público de la propia universidad, y entendemos que, en última instancia, la responsabilidad sobre la situación que atraviesa la plantilla de las instalaciones deportivas le pertenece", asegura Carrasco, "pedimos que tomen cartas en el asunto".

Desde SoydeMadrid.com nos hemos puesto en contacto con el centro para conocer los pasos que van a seguir en pro de resolver la situación de la plantilla.

La entidad ha sido condenada no solo a volver a contratar a la delegada sindical, sino a pagar una indemnización de 7.501 euros por vulneración de derechos fundamentales