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¿Blázquez se caga?
No, el abogado del socialista es el que advirtió no poder acudir a la cita judicial del próximo 14 de octubre
Alcalá de Henares |

Desde VOX denuncian que el abogado de Alberto Blázquez, concejal del PSOE, ha pedido retrasar su comparecencia del 14 de octubre en el Juzgado número 6 de Alcalá de Henares. Cabe recordar que el edil socialista está siendo investigado por presuntos delitos de malversación, prevaricación y nombramiento ilegal en la Ciudad Deportiva durante la última legislatura de Javier Rodríguez Palacios.

Al parecer, y según indican a este medio fuentes del partido, el abogado de Blázquez ya advirtió de la imposibilidad de acudir al juzgado en la fecha prevista y propuso aplazar la cita al 21 de octubre. En esa ocasión, fue VOX el que rechazó la fecha, quedando aplazado el proceso judicial a noviembre, aunque sin día concreto, de momento.

Enseguida, Víctor Acosta ha respondido a los socialistas asegurando que, si se ha aplazado la vista de hoy es porque tienen "miedo" y niega que desde VOX no hayan querido trasladar la cita al 21 de octubre. "Insto al Partido Socialista que, si es verdad que ellos han propuesto" dicha fecha "y que nosotros nos hemos opuesto, diciendo que lo preferíamos en noviembre, que enseñen el documento. Yo tengo el que testifica lo contrario".

Fue el actual presidente de la Ciudad Deportiva y portavoz del grupo municipal VOX, Víctor Acosta, el que puso en conocimiento de la policía una serie de posibles irregularidades que había descubierto dentro de la gestión de este espacio municipal, y que podrían ir en contra de la Ley de Contrataciones del Sector Público. Desde "nombramientos poco claros" hasta procedimientos fuera de la normativa administrativa, Acosta se dispuso a resolver sus dudas preguntado al organismo y obteniendo la "callada por respuesta".

A estos hechos se le añadió la desaparición de una documentación sensible de la Ciudad Deportiva, en concreto, el registro de los decretos que se habían ido firmando durante los últimos dieciocho años, aproximadamente, y relacionados con "nombramientos", temas de contratación, etcétera. Algo que denunció el presidente el pasado año. Si bien es cierto que la carpeta terminó apareciendo cuando la policía ya había dado los primeros pasos en la investigación, esta "estaba incompleta", sostiene Acosta, explicando que los decretos siguen un orden, "y si tienes el número uno y de ahí pasa al catorce, en medio faltan doce decretos, eso es indiscutible".

El portavoz explicó a los agentes todo lo que había comprobado cuando asumió la presidencia, y ellos "se lo tomaron con mucho interés", trasladando la investigación a la UDEF, desde donde continuaron con las pesquisas. "Finalmente, emiten unos atestados en los que ven indicios claros de delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación y de nombramiento ilegal de funcionarios", señala Acosta, emitiendo posteriormente estos informes al juez, quien citó a Blázquez a declarar en calidad de investigado.