El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 6 de Navalcarnero investiga posibles irregularidades en la construcción del carril bici y paseo peatonal de Serranillos del Valle. La causa, abierta tras una denuncia relacionada con el material empleado en la obra, ha llevado a citar a declarar como investigados al ex alcalde, Iván Fernández; y al actual regidor, Rubén Fernández, ambos de TDS, por un presunto delito de prevaricación administrativa.
La investigación judicial se encuentra en una fase preliminar destinada a esclarecer si la adjudicación y ejecución del proyecto se ajustaron a las condiciones establecidas en el contrato público.
La adjudicación del contrato
La obra corresponde a la fase I del proyecto de carril ciclista y paseo peatonal del municipio y fue adjudicada mediante procedimiento abierto simplificado por el Ayuntamiento de Serranillos del Valle.
Según el acta de la mesa de contratación municipal, en el proceso participaron doce empresas. La oferta mejor valorada fue la presentada por OHT Construye S.L., con un presupuesto de 266.094,92 euros, lo que le otorgó la mayor puntuación en la evaluación de las propuestas económicas.
Entre las compañías que concurrieron a la licitación figuraban también INESCO S.A., Virton S.A., Trauxia S.A., Canalizaciones Tadop S.L., Coderep Sports S.L.U. o Mava 2000 S.L., entre otras.
La denuncia y el debate sobre el material
La denuncia que ha originado la investigación fue presentada por la empresa especializada en pavimentos Ekko 2030, que cuestiona el material utilizado en la ejecución del carril bici.
De acuerdo con el pliego de prescripciones técnicas del proyecto, el pavimento debía consistir en un sistema continuo de absorción de impactos con tecnología fotocatalítica certificada, resistente a los rayos ultravioleta, a los hidrocarburos y a los agentes atmosféricos. Además, debía contar con propiedades antimicrobianas y capacidad para reducir en más de un 15 % la concentración de óxidos de nitrógeno (NOx) presentes en el aire.
El diseño técnico establecía un pavimento de 40 milímetros de espesor, compuesto por una capa inferior de 30 milímetros de caucho reciclado SBR y una capa superior de 10 milímetros con activo fotocatalítico, ambas unidas mediante resinas específicas y certificadas según normas técnicas UNE e ISO.
Asimismo, el carril debía construirse sobre una base de zahorra de 20 centímetros, con señalización horizontal reflectante y diferenciación cromática entre el carril ciclista —en color verde— y el paseo peatonal, en color neutro.
La empresa denunciante sostiene que el material finalmente instalado no se correspondería con las especificaciones del proyecto, lo que habría motivado la apertura del procedimiento judicial.
Posición del Ayuntamiento
Desde el equipo de gobierno municipal rechazan que se haya producido ninguna irregularidad. El alcalde Rubén Fernández ha asegurado públicamente que el proceso de licitación y ejecución de la obra se realizó conforme a la legalidad y con informes favorables de los técnicos municipales.
El regidor ha defendido que el proyecto cumplió los requisitos necesarios para recibir financiación pública y ha señalado que afronta la investigación con “total tranquilidad”.
Tal y como informamos en su día en SoydeMadrid, el consistorio serranillense obtuvo una subvención por parte de la Comunidad de Madrid de 100.000 euros que han servido para sufragar parte de la obra del carril bici peatonal de la calle Aragón. En su momento, esta inversión no estuvo exenta de críticas ya que había quien pensaba que construir un carril bici y peatonal era innecesario o absurdo ante las necesidades del municipio.
El actual alcalde ha expresado su opinión en sus redes sociales y explica que "ir a declarar a un juzgado es el 'pan nuestro de cada día' de aquellos que ostentamos cargos de cierta relevancia en la administración pública, no es la primera vez que he ido a declarar y no será la última. De hecho a modo de dato, en mis casi 11 años como servidor público he sido denunciado casi una treintena de veces".
Posición de la oposición municipal
Desde la oposición municipal, a través de su portavoz, Juan Quintana, se ha señalado que el pavimento instalado podría no corresponderse con las especificaciones técnicas del contrato, lo que habría motivado la denuncia. También se ha apuntado a que el deterioro prematuro de parte del carril bici podría estar relacionado con el tipo de material utilizado.
Ahora, tras la investigación judicial, podría darse la circunstancia de que la Administración Local deba devolver la subvención de 100.000 euros que recibió de la Comunidad de Madrid, alerta Juan Quintana.
Investigación en fase preliminar
El juzgado deberá ahora analizar la documentación del expediente de contratación, las características del pavimento utilizado y las declaraciones de los implicados antes de decidir si existen indicios suficientes para continuar con el procedimiento.
En cualquier caso, la apertura de diligencias previas no implica culpabilidad y los responsables municipales mantienen la presunción de inocencia mientras se desarrolla la investigación.