La Plaza de España vuelve a estar en el centro de la polémica tras las últimas resoluciones judiciales y los comunicados emitidos durante el mes de mayo de 2026, que alertan de un posible derribo parcial o total de las edificaciones.

La operación de rehabilitación de la Plaza de España se inició en 2009, con la aprobación del Plan Especial UE-1, el Proyecto de Reparcelación y las correspondientes licencias de obra para viviendas, locales y un aparcamiento subterráneo. Las obras concluyeron en 2012, pero la empresa mixta Plaza de España San Fernando SL entró en concurso de acreedores, dejando una deuda que superó los 100 millones de euros.

Entre 2022 y 2023, el Ayuntamiento, liderado por el PSOE, adquirió la práctica totalidad de los bienes (167 viviendas, 67 locales y cientos de plazas de garaje). El equipo de gobierno anunció entonces que había “desbloqueado” la situación: redujo significativamente la deuda municipal, indemnizó a los antiguos propietarios y reabrió la plaza al uso público.

Sin embargo, los problemas de fondo permanecían. En abril y mayo de 2025, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) declaró nulos tres acuerdos de reparcelación firmados entre 2009 y 2011. El golpe más duro llegó en agosto de 2025, cuando el mismo tribunal anuló el Plan Especial UE-1, el instrumento urbanístico principal que sustentaba toda la operación, al considerar que no se ajustaba a la legislación vigente.

Posteriormente, el Tribunal Supremo inadmitió los recursos de casación presentados por el Ayuntamiento, convirtiendo las sentencias en firmes a principios de 2026. Esta firmeza judicial deja las construcciones fuera de ordenación urbanística y obliga, en principio, a incoar expedientes de infracción y a restablecer la legalidad, lo que suele implicar demolición de lo construido ilegalmente.

El 6 de mayo de 2026, la Plataforma Cívica San Fernando de Henares y la Asociación El Molino publicaron comunicados alertando de que “la demolición se convierte en una amenaza real”. Ese mismo día, VOX San Fernando de Henares emitió su posicionamiento público.

Las sentencias del TSJM y el Supremo dejan las edificaciones sin cobertura legal plena. La Asociación El Molino y la Plataforma Cívica exigen el cumplimiento íntegro de las resoluciones.

El equipo de gobierno de Javier Corpa reconoce las sentencias pero descarta tajantemente la demolición. Afirma que ya está trabajando en nuevos instrumentos urbanísticos (una modificación puntual del PGOU y un nuevo Plan Especial) para regularizar la situación, defendiendo el interés general y la titularidad pública de la plaza. En septiembre de 2025, el Pleno aprobó por unanimidad una proposición en defensa del interés general de la Plaza de España.

No existe una orden judicial inmediata de demolición total, pero el riesgo persiste mientras no se aprueben los nuevos instrumentos urbanísticos. Las viviendas y locales siguen mayoritariamente sin uso definitivo. El caso acumula más de 17 años de litigios y un enorme coste económico y social para el municipio.