El Ayuntamiento de Rivas ha interpuesto un recurso económico-administrativo contra la subida de la tasa con la que la Comunidad de Madrid cobra a los municipios el servicio del Cuerpo de Bomberos. El consistorio la considera “injusta”, “desproporcionada” y aprobada “sin respetar íntegramente el procedimiento legalmente establecido”.
Hasta 2025, esa tasa se calculaba a 30,93 euros por habitante, con un tope de 100.000 residentes. La modificación la eleva a 35 euros por habitante y amplía de forma progresiva el límite poblacional. En Rivas el recibo pasa a unos 3,6 millones de euros al año, un incremento de entre el 13% y el 16%. En ciudades como Móstoles, Leganés o Getafe el aumento puede llegar al 70% por el mismo servicio.
La Comunidad aprobó el cambio el 23 de diciembre de 2025, como disposición final de la Ley de Presupuestos, cuando la mayoría de ayuntamientos ya tenían cerradas sus cuentas. Rivas denuncia que el proyecto no cumplió todos los trámites de exposición pública y que la memoria económico-financiera no se puso a disposición de los afectados en tiempo y forma.
“Pagaremos más por recibir el mismo servicio”
La alcaldesa, Aída Castillejo, sostiene que la subida no viene acompañada de más plantilla, más medios ni mejor tiempo de respuesta. “Estamos hablando de una tasa que llevaba doce años sin modificarse, desde 2014. Ahora, tras la sentencia, la Comunidad de Madrid aprueba una subida tributaria para que sea la ciudadanía quien asuma el coste de unos recursos que tenían que destinarse a inversiones reales del servicio de bomberos”, afirma.
Castillejo pide al Gobierno regional que explique “cómo va a mejorar el servicio de prevención y extinción de incendios en Rivas” con lo recaudado. El municipio supera los 100.000 habitantes y es, según el Ayuntamiento, la única ciudad madrileña de ese tamaño sin parque de bomberos propio, pese a que el 73% de su término está en el Parque Regional del Sureste. La cobertura llega desde Arganda del Rey.
El contexto: una sentencia de 37,8 millones
El recurso se entiende mejor con el fallo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. En noviembre de 2025, el TSJM dio la razón a funcionarios del servicio de extinción y declaró que los ingresos de la contribución especial —el dinero que aportan las aseguradoras— deben destinarse “única, exclusiva e íntegramente” a inversiones reales, no a gastos corrientes. La sentencia quedó firme en junio de 2026.
Los sindicatos cifran en 37,8 millones lo no invertido entre 2019 y 2023. El tribunal no da por acreditada esa cifra exacta, pero sí obliga a aplicar a inversiones las cantidades no usadas en esos años. El incremento total de la tasa a los ayuntamientos en dos años se estima en esos mismos 37,8 millones. Rivas interpreta que Ayuso está pasando a los municipios la factura de esa condena.
La Comunidad lo niega
Fuentes de la Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior defienden que la subida “no es una decisión con ánimo recaudatorio”. Según el Gobierno regional, el presupuesto del Cuerpo de Bomberos se ha duplicado: de 116 millones en 2016 a unos 230 millones en 2026. Aseguran que la tasa cubre ahora solo el 33,7% del coste real, frente al 71% de 2016, y que si los ayuntamientos prestaran el servicio por su cuenta les costaría el doble.
El PP de Madrid ha tildado de “bulo malintencionado” parte de esa lectura política. El PSOE autonómico, en cambio, denuncia que “Ayuso vuelve a meter la mano en el bolsillo de los ayuntamientos” mientras los profesionales alertan de falta de efectivos y de prevención.