El Juzgado de Instrucción nº 48 de Madrid ha dictado un Decreto fechado el 24 de noviembre por el que se ordena el embargo de bienes de la Empresa Municipal de la Vivienda de Rivas Vaciamadrid, lo hace a través del Procedimiento de Ejecución de Títulos Judiciales 111/2023, una vía que se emplea cuando ya había una decisión previa que no se ha cumplido por parte del demandado. El objetivo es cubrir una deuda que esta entidad mantiene con la Agencia de Vivienda Social de la Comunidad de Madrid, por un total de 3.304.867,93 euros, cantidad que incluye principal, intereses y costas.

Esta deuda deriva de la falta de pago por parte de la EMV por el uso de un edificio compuesto por 136 viviendas protegidas, promovidas en su día por el antiguo Instituto de la Vivienda de Madrid (actual AVS) para ampliar el parque de vivienda social del municipio y que siguen siendo propiedad del organismo regional.

El origen del conflicto se remonta a 2003, cuando se constituyó un derecho de superficie a favor de la empresa Ortiz Construcciones y Proyectos S.A. sobre la parcela 8.1 A-1 del PP Ámbito 2 “Camino Bajo de Rivas Vaciamadrid”. Su finalidad era la construcción de un edificio de 124 viviendas y 136 plazas de garaje por parte del IVIMA. Apenas dos años después, el organismo regional permutó la titularidad de esa parcela con la EMV de Rivas, transmitiendo también el derecho de superficie a Ortiz, que desde entonces pasó a ser responsabilidad de la empresa municipal. La AVS quedó como garante de aquel acuerdo y fue esta condición la que, al producirse impagos por parte de la EMV, obligó a la Agencia a abonar las cantidades adeudadas, que posteriormente ha reclamado judicialmente.

A esta deuda ya reconocida se suma otra cantidad reclamada en vía judicial por el mismo concepto, pero correspondiente a un periodo diferente: 2.912.108,96 euros, actualmente en el Juzgado de Primera Instancia nº 97 (Procedimiento Ordinario 2229/2024). En consecuencia, y atendiendo a los antecedentes judiciales, la deuda total de la EMV por el impago del uso de estas viviendas protegidas podría ascender a 6.216.976,89 euros, sin contar los intereses que continúen generándose hasta su completo pago.

A pesar de esta situación, la Comunidad de Madrid asegura haber tratado en todo momento de evitar la vía judicial, priorizando la lealtad institucional y la cooperación entre Administraciones Públicas. Para ello, fuentes regionales sostienen que se ha intentado soluciones extrajudiciales, enviando requerimientos de pago —que no obtuvieron respuesta— y proponiendo un plan de pagos que facilitara la regularización de la deuda, con el fin de impedir que se llegara al embargo de bienes municipales.

Aunque estas gestiones no han dado el resultado esperado, la Comunidad de Madrid asegura mantener su voluntad de evitar nuevos embargos y procedimientos que alargarían aún más la resolución del conflicto. Por ello, confía en que la Administración local cumpla finalmente con sus obligaciones y abone las cantidades que debe a la Agencia de Vivienda Social.

Desde este medio, hemos consultado al Equipo de Gobierno de Aída Castillejo para conocer sus próximas actuaciones. Estamos esperando la respuesta.