Detrás del eslogan aparentemente inocente de la “prioridad nacional”, Vox esconde una idea mucho más peligrosa: dividir a la sociedad entre quienes merecen derechos y quienes no por el simple hecho del origen de cada persona. El partido de Abascal no entra en el debate de la gestión de los recursos públicos ni de proteger a los más vulnerables, sino de señalar al diferente y convertir la nacionalidad en un privilegio que unos tenemos y otros nunca tendrán. Da igual lo que aportes, si eres español lo tendrás todo, si no lo eres nunca serás atendido.
Cuando un partido propone que una persona tenga más derecho a una ayuda, a una vivienda o a una prestación simplemente por haber nacido aquí, lo que está haciendo es institucionalizar la discriminación desde el Estado. Y eso no es patriotismo. Es utilizar el miedo y la frustración social para enfrentar a los de abajo entre sí mientras se erosionan los principios básicos de igualdad y convivencia que sostienen una democracia.
Vox ha encontrado en la “prioridad nacional” un lema sencillo, emocional y eficaz. Funciona porque apela al malestar real de muchas familias que sienten que trabajan duro, pagan impuestos y aun así tienen dificultades para llegar a fin de mes, acceder a una vivienda o encontrar estabilidad. Pero precisamente ahí está la trampa. En lugar de señalar las verdaderas causas de esos problemas -la precariedad laboral, la especulación inmobiliaria, los recortes en servicios públicos o la desigualdad creciente-, la ultraderecha necesita construir un enemigo fácil y visible: el inmigrante, el extranjero, el recién llegado.
Es una estrategia vieja. Consiste en convencer a quien está sufriendo de que su problema no está arriba, sino al lado. Que la culpa de que no haya suficientes ayudas sociales no es de quienes recortan impuestos a las grandes fortunas o privatizan servicios públicos, sino de quien llega buscando una oportunidad. Y así, mientras el foco mediático se llena de discursos sobre fronteras y nacionalidades, desaparece del debate la enorme concentración de riqueza, la subida de los alquileres o los beneficios récord de determinados sectores económicos.
Todo esto va de algo más sencillo, pero mucho más difícil de hacer entender: los derechos deben depender de la necesidad, no del lugar de nacimiento. Y cuando te niegan una ayuda, piensa que siempre hay alguien que está peor que tú. Una familia vulnerable merece protección pública independientemente de su apellido, de su color de piel o de dónde nació, siempre debe depender de su situación de vulnerabilidad. Porque el Estado no puede convertirse en una máquina de repartir dignidad según criterios identitarios sin poner en riesgo la propia esencia democrática. Otra cosa es que pongamos más medios para pillar a los que hacen trampas, que también los hay, no nos engañemos.
Además, la propuesta de Vox encierra una contradicción enorme. Muchos de los trabajadores inmigrantes a los que señalan sostienen sectores enteros de la economía española: cuidan a nuestros mayores, trabajan en el campo, en la hostelería, en la construcción o en el transporte. Cotizan, pagan impuestos y contribuyen al mantenimiento de los servicios públicos igual que cualquier otro ciudadano. Pretender convertirlos ahora en ciudadanos de segunda no solo es injusto; es profundamente hipócrita.
Y hay algo todavía más preocupante: el deterioro moral que generan este tipo de discursos. Cuando desde la política se empieza a normalizar que unas personas merecen menos derechos que otras por su origen, la convivencia se resquebraja. El vecino deja de ser un compañero de dificultades para convertirse en un competidor al que mirar con sospecha. El resentimiento sustituye a la solidaridad. El miedo reemplaza a la empatía. Y esa es precisamente la atmósfera en la que mejor crecen los populismos ultras.
España conoce demasiado bien las consecuencias de dividir a la sociedad entre “auténticos” y “sospechosos”. Por eso resulta especialmente grave que se intente vender ahora como sentido común lo que no deja de ser una política de exclusión maquillada de patriotismo. Defender lo público no consiste en levantar muros dentro de la propia sociedad, sino en garantizar que nadie quede abandonado. Defender España no es repartir carnés de pertenencia, sino asegurar que la democracia siga significando igualdad ante la ley y dignidad para todos.