Durante varios días, el centro político de nuestro país ha estado y está en la calle Ferraz de Madrid donde cada día algunos miles de personas, algunos de ellos exaltados y violentos, protestaban por los acuerdos políticos a los que está llegando el PSOE para poder seguir gobernando este país. 

Estos acuerdos, que podremos estar de acuerdo o no con ellos, nacen del entendimiento entre diferentes partidos que han obtenido su fuerza parlamentaria en las urnas de manera democrática. De estos pactos saldrá, si finalmente lo dejan, un nuevo Gobierno de coalición formado por el PSOE y Sumar, con el imprescindible apoyo de Junts, ERC, BNG, PNV y Coalición Canaria. Enfrente solo estarán el PP y la extrema derecha de Vox. Y en la próxima legislatura pasarán por el parlamento proposiciones de ley, proyectos de ley, decretos-ley que deberán contar con el voto de la mayoría de la cámara para que se incorporen a nuestro ordenamiento jurídico. 

Los partidos de la oposición, obviamente, tendrán que ejercer su papel de control, fiscalización y crítica de las medidas que se aprueben. Y si lo consideran necesario podrán acudir al Tribunal Constitucional para ver si los textos que salen adelante son o no acordes con nuestra querida Constitución. 

Eso es, ni más ni menos, la normalidad democrática que marca nuestra Constitución. De momento, nadie en el PSOE ha hecho nada ilegal, ni creo que lo haga en el futuro, y, por supuesto, no se ha roto nuestra unidad o nuestro país. Pero hay algaradas callejeras que creen justo lo contrario y lo creen así posiblemente porque no son los suyos los que gobiernan.

Como también es normalidad democrática lo que hace la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, gracias a su mayoría absoluta conseguida en las urnas. La diferencia entre unos y otros es que la líder del PP madrileño afirma que España es una dictadura y lo argumenta de manera infantil diciendo que Pedro Sánchez nos “ha colado esa dictadura por la puerta de atrás”. Pero no hemos escuchado a Juan Lobato, ni le escucharemos nunca, decir que la Comunidad de Madrid vive en un régimen totalitario controlado con mano de hierro por un partido corrupto. 

Mientras tanto, el gobierno de Ayuso y su amplísimo Grupo Parlamentario legisla de la manera que considera. Sin ir más lejos, esta semana acaba de anunciar cuestiones importantes como la modificación legislativa para que nuestra región vuelva a recaudar el impuesto sobre el patrimonio de grandes fortunas de más de 3 millones de euros. Y lo hace tras el varapalo del Tribunal Constitucional que avala el impuesto temporal para grandes fortunas puesto en marcha por el Gobierno de España. 

El PP madrileño, sin embargo, busca la fórmula para que finalmente esos ricos que viven plácidamente en el paraíso fiscal que es nuestra región no tengan que asumir este tributo que consideran injusto. Por eso la presidenta afirma sin ningún rubor que “vamos a tramitar de urgencia una reforma legislativa, una nueva ley que llevaremos de urgencia a la Asamblea de Madrid, que nos permita recaudar todo ese impuesto para devolvérselo a los madrileños”. 

Esta decisión de la política madrileña viene tras ver cómo en este 2023 el Gobierno de España ha recaudado 555 millones de euros de los 10.302 madrileños que tienen un patrimonio superior a los 3 millones de euros. Por eso, nuestra “defensora de los ricos”, quiere que en 2024 ese dinero se quede en nuestra región para que nuestras queridas grandes fortunas no pasen estrecheces. 

Lo mismo pasa con la Ley Estatal de Vivienda. El malvado Gobierno de España aprobó una legislación para combatir los altos precios de los pisos en venta y en alquiler, pero dejó a elección de las Comunidades Autónomas si se aplica o no en sus territorios. Cosas de esta dictadura que vivimos (nótese el sarcasmo). 

Parece que en nuestra región de ricos no padecemos esos problemas mundanos sobre el acceso a la vivienda y por eso Madrid no está aplicando medidas como limitar el precio del alquiler o declarar zonas tensionadas. 

Y si hablamos de la Educación aprobada por el Gobierno socialista, pues más de lo mismo. El Gobierno de Madrid busca los recovecos legales para dejar sin efecto la legislación. Que la ley dice que se prohíbe ceder terrenos públicos para colegios privados, pues hacemos otra legislación regional para burlarla y seguir dando lo que es de todos para que empresas que hacen negocio con la educación de nuestros hijos sigan haciéndolo.

Sin embargo, todo esto es patriótico y es lo que debe hacer un Gobierno de bien como el que lidera Isabel Díaz Ayuso, no como el nuevo Ejecutivo que quiere liderar Pedro Sánchez “un peligro para la democracia” y amigo de terroristas, golpistas y enemigos de nuestra querida patria.