En los últimos meses, se ha repetido una cifra que suena a bomba: “España va a regularizar a más de 3 millones de migrantes”. La polémica mezcla dos medidas diferentes del Gobierno de Pedro Sánchez, pero que convergen en una misma consecuencia: la nacionalización de extranjeros. Así, tenemos la Ley de Memoria Democrática (la llamada “Ley de los Nietos”) y la regularización extraordinaria aprobada en enero de 2026, la primera da la nacionalidad española por reparación histórica; la otra, un permiso de residencia y trabajo temporal a quienes ya vivían sin papeles. 

La también denominada "Ley de los Nietos" fue aprobada en 2022, esta ley busca reparar el exilio causado por la Guerra Civil y la dictadura franquista. Su disposición adicional octava permitió a hijos, nietos y, en algunos casos, bisnietos de españoles originarios que perdieron o renunciaron a la nacionalidad por motivos políticos, ideológicos o de creencia reclamar la ciudadanía española directamente. Un proceso que, al parecer, se cerró en octubre de 2025, y por el que se obtuvieron más de 2,3 millones de solicitudes y se habrían concedido unas 400.000 nacionalidades, aproximadamente.

Por otro lado, el proceso de regularización masiva que quiere llevar a cabo el Ejecutivo central se aprobó en enero de este año mediante Real Decreto, sin pasar por el Congreso de los Diputados, ras un acuerdo con Podemos y la Iniciativa Legislativa Popular que recogió más de 700.000 firmas. Un procedimiento para el que se han puesto varios requisitos, entre ellos, residir en España antes del 31 diciembre de 2025, acreditar al menos cinco meses de permanencia continuada en el país y no tener antecedentes penales graves. 

En esta ocasión sí se hablaría de la posibilidad de dar la nacionalidad a extranjeros, pero no de forma inmediata. Lo primero que otorga el Gobierno tras recibir las solicitudes es un permiso de residencia y trabajo temporal de un año (renovable). Se estima que se den alrededor de 500.000 peticiones, aunque algunos informes de ONGs llegan a sumar hasta un millón, y el objetivo declarado es sacar de la "economía sumergida" a personas que ya viven y trabajan en España.