Desde que tengo memoria, el campo ha sido el eje silencioso de mi vida. Nací en Fuenlabrada, pero mis raíces se hunden en la tierra de un pequeño pueblo segoviano, Los Valles de Fuentidueña. Allí, en los últimos días, he visto cómo la incertidumbre se colaba en las conversaciones cotidianas de vecinos y familiares: la preocupación por un modo de vida que podría cambiar de la noche a la mañana, por el sustento económico, por el pan de muchas familias, como consecuencia de decisiones tomadas a más de 1.500 kilómetros de distancia. Decisiones que no se discuten en corrales ni en campos de cultivo, pero que impactan directamente en ellos.
Mi vínculo con el campo nunca ha sido una abstracción ni un eslogan. Aprendí a conducir un tractor antes que un coche, pasé la infancia coleccionando tractores de juguete y, ya de adulto, trabajé durante dos veranos en una plantación de fresas cercana a mi pueblo para poder ayudar a mis padres a pagarme la carrera.
Aquello no fue solo una forma de ganar algo de dinero en el lugar donde siempre he querido pasar mis veranos; fue una auténtica escuela de vida. Allí entendí el sacrificio diario de agricultores y jornaleros: las interminables horas de trabajo, el frío del invierno, el calor asfixiante del verano, todo para que el resto podamos sentarnos a la mesa con productos de calidad.
Por eso, cuando se habla del tratado entre Mercosur y la Unión Europea, no puedo evitar pensar en esas manos, en esas tierras y en esas vidas que rara vez aparecen en los despachos donde se firman los acuerdos.
Para quienes no hayan seguido de cerca las “apasionantes” e interminables negociaciones entre la Unión Europea y los países del Mercosur (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay) conviene recordar que este acuerdo no es fruto de la improvisación, lo que hace más preocupante, aún, que no se hayan considerado las reclamaciones de los que labran y siembran las tierras de todo Europa.
Se trata de un proceso que se ha prolongado durante más de veinticinco años y que, según todo apunta, podrá llegar a su desenlace definitivo en este mes de enero de 2026. Aun así, el tratado deberá superar todavía el trámite del Parlamento Europeo en Estrasburgo. Un paso que, si se cumplen las previsiones que ya se manejan en Bruselas, abriría la puerta a su entrada en vigor esta misma primavera. Y es precisamente ahora, en el momento en el que el acuerdo parece más cerca que nunca, cuando muchas de las preguntas y temores del campo español y, extensible a todo el europeo, empiezan a hacerse oír con más fuerza.
Para muchos en el campo español, el debate en torno al acuerdo con Mercosur no es solo una discusión comercial: es el eco de viejos fantasmas que creían haber enterrado. Fantasmas que ya recorrieron nuestros pueblos décadas atrás, cuando la Política Agraria Común comenzó a aplicarse en 1962 y, sobre todo, cuando España se incorporó a la entonces Comunidad Económica Europea en 1986. Aquella integración prometía estabilidad y rentas justas para los agricultores, pero en demasiados casos trajo consigo un ajuste doloroso.
Bajo el paraguas de la PAC llegaron las cuotas de producción, la desaparición de precios garantizados y una competencia desigual frente a países con explotaciones más mecanizadas y generosamente subvencionadas. El resultado fue conocido: pequeñas explotaciones obligadas a cerrar, cultivos tradicionales arrancados de raíz y una reconversión forzada que vació de futuro a amplias zonas rurales. Muchos agricultores pasaron de vivir de su trabajo a depender de ayudas, y el tejido social del campo comenzó a resquebrajarse lentamente.
Decisiones que no se discuten en corrales ni en campos de cultivo, pero que impactan directamente en ellos
Hoy, cuando se vuelve a hablar de apertura de mercados y de competencia global, esos fantasmas regresan. No lo hacen como un recuerdo lejano, sino como una advertencia que recorre conversaciones de bar, cooperativas y explotaciones familiares. El miedo no es al cambio en sí, sino a repetir una historia en la que, una vez más, el campo pague el precio de decisiones tomadas lejos de la tierra que las sufre.
El campo vuelve a sufrir, se le vuelve a dar otra estocada por parte de quienes deberían ser sus defensores más férreos. Esto también es marca España, no es Rosalía, pero también es orgullo nacional. ¿Qué le costaba al gobierno de España ponerse del lado de los agricultores y ganaderos de nuestro país? ¿Porqué necesitamos productos de fuera, cuando somos uno de los mayores productores del mercado europeo, y con los productos de mejor calidad? ¿Qué intereses hay detrás de que Pedro Sánchez firme una sentencia de muerte al campo español? En definitiva, y, sin que sirva esto de precedente, me veo en la tesitura de preguntarme ¿Por qué no podemos ser cómo Francia?
La comparación con Francia deja en evidencia al Gobierno de España. Mientras en París se ha decidido votar en contra del acuerdo con Mercosur por considerarlo injustificado y peligroso para su sector agrario, en Madrid se ha optado por mirar hacia otro lado. El Ejecutivo francés no solo ha escuchado a su Parlamento y a su campo, sino que ha puesto cifras sobre la mesa: un impacto económico del 0,05% en el PIB europeo de aquí a 2040 no compensa exponer a agricultores y ganaderos a una competencia desleal.
Además, Francia ha recordado que el acuerdo necesita una mayoría cualificada de países y población para salir adelante, lo que convierte cada voto en decisivo. España podría haber sido clave para frenar o, al menos, condicionar el tratado. No ha querido serlo. Y esa diferencia explica por qué en Francia el Estado actúa como escudo de su campo mientras en España el Gobierno parece haber aceptado, sin dar la batalla, que el sector primario vuelva a ser la moneda de cambio.
Lo más grave de este acuerdo es que rompe cualquier atisbo de igualdad de condiciones. A los agricultores europeos se les exige cumplir normas cada vez más estrictas en materia sanitaria, ambiental y de bienestar animal mientras se permite la entrada de productos que no están sometidos a esas mismas obligaciones. Esa asimetría no es un detalle técnico, es el corazón del problema. Obligar al campo a competir en esas condiciones es condenarlo a perder, por muy eficiente o profesional que sea.
Así no solo se pone en riesgo la rentabilidad de miles de explotaciones, sino la propia viabilidad del modelo de agricultura profesional que sostiene el territorio, garantiza la calidad de los alimentos y fija población en el medio rural. Sin cláusulas espejo obligatorias, sin controles reales y sin mecanismos automáticos de protección, este acuerdo no es una oportunidad: es una amenaza directa. Y asumirlo como inevitable, como ha hecho el Gobierno de España, supone aceptar conscientemente que el campo vuelva a ser el sacrificado.
Por eso, el debate sobre Mercosur no puede despacharse como una cuestión técnica ni esconderse tras grandes palabras sobre globalización o modernidad. Habla, en realidad, de qué país queremos ser y a quién estamos dispuestos a dejar atrás para conseguirlo.
El campo no pide privilegios, pide justicia: competir en igualdad de condiciones y no ser, una vez más, la variable de ajuste de decisiones tomadas lejos de la tierra. Ignorar su voz no solo pone en riesgo un sector económico esencial, sino una forma de vida, un equilibrio territorial y una memoria colectiva que, cuando se pierde, no se recupera con discursos ni con ayudas tardías.
Defender al campo hoy no es mirar al pasado, es decidir si mañana seguirá habiendo alguien que cuide, trabaje y viva de la tierra que nos alimenta.