“Hoy es un día feliz”. José Manuel Albares define así la jornada en la que “cinco compatriotas” vuelven a España tras su liberación en Venezuela. Durante una entrevista para La Hora de la 1, el ministro de Asuntos Exteriores ha confirmado que, “según fueron saliendo de las cárceles, se iban concentrando en la residencia del embajador de España” y será este 9 de enero cuando lleguen al aeropuerto de Barajas, tras años en prisión por diversos motivos que alegó el Gobierno de Venezuela en cada uno de los casos.
Aunque su excarcelación se ha producido después de la captura de Maduro, tanto Albares como el PSOE aseguran que el Ejecutivo central “ha trabajado discretamente con Venezuela durante meses para hacer posible su liberación”. Los socialistas consideran que este es “un paso positivo que simboliza la nueva etapa que empieza a abrirse en Venezuela”.
Sin embargo, lo que observa el presidente del Partido Popular es que “en pocos días se ha descabezado el régimen chavista y los presos políticos comienzan a salir de la cárcel”. Alberto Núñez Feijóo exige “la libertad inmediata e incondicional de todos los presos políticos”, a pesar de que reconoce que “se va en la buena dirección para lograr la Venezuela libre por la que durante tantos años luchamos”. “No pararemos hasta que sea una realidad completa”, sentencia el líder de la oposición.
Pedro Sánchez se ha limitado a “celebrar la liberación de los españoles que han pasado más de un año retenidos en Venezuela”. El presidente del Gobierno cree que este es un “acto de justicia y un paso necesario para impulsar el diálogo y la reconciliación entre los venezolanos”. De hecho, desde que se produjese el ataque de Estados Unidos sobre Venezuela, Sánchez sostiene que lo sucedido es “una ilegalidad al derecho internacional” y asegura que es “un precedente terrible y muy peligroso”.
El socialista asegura que España “nunca reconoció al Gobierno de Maduro porque infringió las reglas, porque su elección fue ilegítima”, pero descarta reconocer “la legitimidad de una acción militar que es a todas luces ilegal”. “No nos vamos a callar ante violaciones que se están produciendo en el derecho internacional”, dice el presidente, seguro de que “España no va a ser cómplice de tal atropello”.