Estamos ante “uno de los grandes hitos de esta legislatura” y la ministra portavoz del Gobierno de España ha desvelado cuál es. Se trata de la aprobación definitiva del Real Decreto que deriva en la regularización extraordinaria de personas migrantes que ya viven en nuestro país. Con esta luz verde “podrán disfrutar con garantías de sus derechos y cumplir con sus obligaciones”, tal como ha explicado Elma Saiz, recordando que “son personas que conviven con nosotros, con hijos e hijas que van al colegio, que dan vida a nuestros pueblos y a nuestras calles”.
A través de esta regularización, quienes cumplan con los requisitos podrán acceder a una autorización de residencia y trabajo en España, con un año de vigencia inicial. También se les dará un número de la seguridad social y una tarjeta sanitaria. La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones asegura que el Gobierno ha diseñado, “con mucho trabajo y cariño”, un plan operativo “a la altura del reto que supone”.
Elma Saiz pone el foco en los servicios públicos, comprometiéndose a que no se vean resentidos en este proceso. “Queremos que todas las personas que tengan derecho a la regularización puedan acceder sin que se resienta la atención habitual de los servicios públicos”, señala confirmando que los cauces para formalizar la solicitud se podrán hacer vía telemática o de manera presencial.
Desde el 17 de abril, quedará abierto el plazo para tramitar las solicitudes por la vía telemática en la web del ministerio, mientras que de forma presencial habrá que esperar al día 20 del mismo mes para recibir atención en las 400 oficinas habilitadas. Esta gestión debe realizarse con cita previa, que puede solicitarse llamando al 060 o a través del portal web ministerial. En cualquier caso, el plazo de solicitudes se dará por finalizado el 30 de junio de 2026.
La regularización extraordinaria está dirigida a inmigrantes que se encontrasen en España antes del 31 de diciembre de 2025 y que, al menos, lleven en nuestro país cinco meses. Para acceder a la misma hay que carecer de antecedentes penales y no suponer una amenaza para el orden y la seguridad pública. Cualquier documento público o privado nominativo y verificable servirá para acreditar el arraigo, sin necesidad de presentar para ello un certificado de empadronamiento.
El Ejecutivo central ha puesto en marcha un plan operativo “con capacidad de respuesta”. Más de 550 profesionales extra conforman un equipo para atender a las personas que lo necesiten y terminar por resolver la autorización. Además, Mercurio es la plataforma única a través de la que se presentará toda la información. Desde esta plataforma, la Unidad de Tramitación de Expedientes de Extranjería podrá resolver los procedimientos y realizar todas las gestiones. “Queremos que salga bien y nos hemos dejado la piel”, sentencia Saiz.
La ministra asegura que esta iniciativa cuenta con una triple legitimidad: social, política y económica. Explica que con esto se está tomando “el testigo de una iniciativa legislativa popular que fue respaldada con más de 700.000 firmas”. En este punto, Saiz también señala “el respaldo de la iglesia católica”. Añade que esta misma iniciativa se tomó en consideración con 310 votos a favor que le dan legitimidad política, a la que se suma la económica “por el apoyo de los agentes sociales, es decir, la patronal y los sindicatos”.