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Actualización de la normativa de convivencia en Móstoles

Actualización de la normativa de convivencia en Móstoles

Israel Díaz.

Imagen: VOX Móstoles

 

 

Desde Vox, en numerosas ocasiones, hemos tenido que recordar a Noelia Posse que ella es alcaldesa de todos y cada uno de los ciudadanos de Móstoles, y no solamente de aquellos que la votaron en mayo de 2019. Pero, si por algo se caracteriza este gobierno de coalición de PSOE y Podemos, es por su sectarismo. Una y otra vez rechazan todas aquellas iniciativas de interés y beneficio para todos los mostoleños que presenta Vox. Y lo hacen por puro sectarismo, ya que no toleran ni quieren admitir que las medidas e iniciativas de Vox son de interés para nuestros vecinos.

 

 

El rechazo es puro postureo político, ya que la trampa viene después, cuando se encargan de presentar estas mismas iniciativas con el sello socialista. Esto es algo que deben conocer los mostoleños. Esta falta de decoro y de originalidad es algo que se suele dar en política, pero no deja de sorprender el descaro con el que se comete. Vox últimamente ha presentado iniciativas encaminadas a la homogeneización de las ordenanzas, ya que existe una dispersión normativa que hace imposible que los vecinos conozcan las normas que rigen la convivencia, y que van desde el horario de uso de las instalaciones municipales a permitir la requisa de los sprays de pintura a los grafiteros, por citar algunos ejemplos.

 

 

Otra de las propuestas realizadas por Vox ha sido la de crear un reglamento de uso de los vehículos de movilidad personal, como los patinetes eléctricos. Se ha detectado que nuestra normativa no es clara al respecto de los mismos y la DGT señala que son los ayuntamientos los que deben regular la materia a través de sus ordenanzas. Esta medida fue rechazada por el gobierno en el pleno municipal, ya que entendía que no había necesidad de hacerlo al no ser, "a su juicio", un problema que se diera en Móstoles, aunque meses más tarde han considerado oportuno iniciar el trámite para la redacción de una norma que permita regular el uso de dichos patinetes.

 

 

Podríamos seguir hablando de medidas propuestas y rechazadas por absoluto sectarismo, lo que es una falta absoluta de responsabilidad. La función principal de la oposición está en fiscalizar la labor del gobierno, pero sin dejar de lado el trabajo propositivo, consistente en mejorar la calidad de vida de los vecinos. En otro orden de cosas, podríamos hablar del incumplimiento de las iniciativas acordadas en el pleno y que nuestro grupo se ha encargado de recordar últimamente.

 

 



No toleran ni quieren admitir que las medidas e iniciativas de Vox son de interés para nuestros vecinos

 

 

 

 

En el pleno de noviembre de 2019 se aprobó una moción de Vox relativa a la mejora de la dotación de los equipos de la Policía Municipal de Móstoles y a la que, a día de hoy, no se ha dado cumplimiento. Ante la demanda policial de todas las fuerzas y cuerpos de seguridad, hace tres años propusimos que se dotara a nuestros agentes de armas de letalidad reducida tipo “táser”, siempre bajo la premisa del cumplimiento de todas las garantías legales y de formación y adiestramiento de los agentes.

 

 

Pues bien, dicha medida no sólo no fue puesta en marcha, sino que además se utilizó como moneda de cambio en la negociación de los presupuestos del año 2022, siendo mercadeada para contar con la abstención de Más Madrid Ganar Móstoles. Esto supone desvirtuar los acuerdos alcanzados por un órgano colegiado del ayuntamiento de Móstoles, el Pleno, quitando la legitimidad del mismo, algo intolerable, máxime en una medida del ámbito de la seguridad, que a día de hoy es más necesaria que nunca. Actualmente, los tipos delictivos que se están dando en nuestra sociedad son más violentos, y hay individuos que portan armas blancas que no dudan en utilizar.

 

 

Desgraciadamente tenemos demasiado recientes los apuñalamientos producidos en el entorno de los locales de ocio nocturno de la avenida de Portugal, en el mes de septiembre y a principios de noviembre. Las denuncias vecinales al respecto de la inseguridad de la zona y de las quejas por ruidos han llegado al Defensor del Pueblo, quien ha pedido que se inspeccionen los establecimientos para comprobar si se ajustan a la norma.

 

 

Este problema, del que se han hecho eco los medios de comunicación, debería ser prioritario para este gobierno, pero no deja de sorprender que en lugar de resolver el problema hayan dejado que se enquiste, por no adoptar medidas cautelares encaminadas a solucionar la alta conflictividad existente. ¿De verdad que no era necesaria la modernización de nuestra ordenanza de convivencia ciudadana? ¿Acaso no es función de los gobernantes anticiparse a los problemas cuando éstos se ven venir?

 

 

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