La empresa pública Móstoles Desarrollo ha despedido a 16 trabajadores entre agosto de 2023 y marzo de 2026, según la información publicada por La Razón el pasado domingo. Un hecho que el Ayuntamiento enmarca en un necesario proceso de saneamiento, regeneración y reorganización interna tras el cambio de gobierno producido en 2023.
Al parecer, a pesar de las quejas del Partido Socialista de la Comunidad de Madrid sobre el uso de Móstoles Desarrollo como "una agencia de colocación del Partido Popular", la actual dirección de la entidad municipal ha querido poner fin a una etapa de ocho años, bajo el mandato del PSOE (2015-2023), marcada por una política que el equipo de Gobierno actual, liderado por el PP, cuestiona abiertamente.
Desde la dirección de Móstoles Desarrollo ponen el foco en las condiciones en las que se produjeron ciertas incorporaciones y promociones durante los ocho años anteriores y aseguran, según informa La Razón, que se produjeron "contrataciones sin procesos selectivos, ascensos de auxiliares a técnicos", además de unos salarios que llegaban aproximadamente a los 3.000 euros mensuales.
Entre las irregularidades recogidas figuran casos de incorporaciones de personas con vínculos personales, familiares o directos con cargos socialistas de la anterior etapa, puestos asignados a personas sin titulación requerida, incluso jubiladas, y situaciones de incompatibilidad laboral no autorizadas.
Ante la contundencia de estas revelaciones, las filas socialistas han reaccionado tratando de desviar la atención hacia la gestión actual, acusando al Gobierno municipal de contratar a 37 personas presuntamente vinculadas al PP y atribuyéndole un coste de más de 400.000 euros en indemnizaciones por despidos improcedentes.
Sin embargo, desde el Ejecutivo local desmienten rotundamente esas cifras y encuadran el ataque de la oposición en una estrategia para eludir responsabilidades por la herencia recibida. Desde el Gobierno municipal defienden que las incorporaciones realizadas bajo la actual dirección responden estrictamente a las necesidades operativas de la sociedad para garantizar el servicio a los vecinos, bajo criterios técnicos comprobables y con luz e imparcialidad.
Respecto a las indemnizaciones, Móstoles Desarrollo ha negado de forma categórica que se hayan desembolsado tales cuantías, recordando que los procesos continúan su curso legal en los tribunales. Asimismo, el equipo de gobierno enfatiza que asumir el coste derivado de corregir contratos viciados e irregulares generados durante los ocho años de mandato socialista no es un gasto superfluo, sino el precio necesario para poner fin a los abusos del pasado, sanear el organismo público y blindar los recursos de Móstoles de cara al futuro.