La resolución judicial, de fecha 26 de enero de 2026, concluye que el consistorio debía haber asumido la subrogación del personal tras el cambio en la gestión del servicio. El tribunal absuelve, en cambio, a la Comunidad de Madrid de cualquier responsabilidad en el proceso. Como consecuencia, el Ayuntamiento deberá afrontar el pago de las indemnizaciones por despido improcedente y los salarios de tramitación correspondientes a las trabajadoras afectadas.
La sentencia llega tras más de un año de movilizaciones de familias y educadoras, protestas en el municipio y un proceso judicial que ha tenido varias fases desde que se anunció el cierre del centro en 2024.
El origen del conflicto: el cierre de la escuela infantil
La polémica comenzó cuando el Ayuntamiento de Moraleja de Enmedio, gobernado por una coalición de Partido Popular y VOX, decidió cerrar la escuela infantil municipal “Érase una vez”, que atendía a niños de 0 a 3 años y era el único centro público de esta etapa educativa en la localidad.
La decisión generó una fuerte contestación social por parte de familias y trabajadoras del centro, que denunciaron que el cierre se había adoptado sin un proceso de diálogo previo y que suponía la pérdida de un servicio público esencial para el municipio.
Además, el cierre implicó el despido de las educadoras que trabajaban en el centro, lo que dio inicio a un proceso judicial en el que las trabajadoras reclamaban que debía haberse producido una subrogación del personal.
El recorrido judicial del caso
La primera resolución llegó en junio de 2025, cuando el Juzgado de lo Social número 2 de Móstoles declaró improcedentes los despidos de las educadoras. En esa sentencia se señalaba que el cambio en la gestión del servicio educativo debía haber garantizado la continuidad laboral de las trabajadoras.
Tras esa decisión, la Comunidad de Madrid presentó un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid al considerar que no existía sucesión de empresa y que, por tanto, no estaba obligada a asumir al personal.
Finalmente, el TSJ resolvió el recurso. En su fallo, el tribunal concluye que la Comunidad de Madrid no era responsable de los despidos, pero sí el Ayuntamiento de Moraleja de Enmedio, al entender que debía haber asumido las obligaciones laborales derivadas del servicio.
La sentencia obliga al consistorio a pagar las indemnizaciones por despido improcedente y los salarios de tramitación correspondientes, lo que supone un nuevo coste económico para las arcas municipales.
Críticas del PSOE: “una mala decisión con consecuencias sociales y económicas”
El PSOE de Moraleja de Enmedio que lidera Valle Luna, sostiene que la sentencia confirma que el cierre de la escuela infantil fue una decisión equivocada del gobierno municipal.
Según los socialistas, la clausura del centro tuvo consecuencias tanto sociales como económicas. Por un lado, dejó a muchas familias sin una alternativa pública en el propio municipio para la educación de 0 a 3 años, lo que obligó a buscar plazas en otros municipios o en centros privados.
Por otro lado, el partido denuncia que el proceso judicial y las indemnizaciones derivadas de la sentencia suponen un nuevo impacto para la economía municipal.
Los socialistas también recuerdan que la escuela infantil contaba con financiación de la Comunidad de Madrid y que su desaparición ha supuesto la pérdida de una subvención anual destinada al servicio.
En su crítica al gobierno local, el PSOE acusa al Ejecutivo municipal de haber tomado la decisión “sin diálogo con las familias ni con las trabajadoras” y de haber generado un conflicto que ha terminado con una condena judicial para el Ayuntamiento.
Además, la formación señala que la situación se suma a la elevada deuda municipal que arrastra el municipio, que supera los 40 millones de euros, y sostiene que las decisiones del actual gobierno han agravado el problema.
La respuesta del Ayuntamiento: “el cierre estaba previsto en el plan de ajuste”
El gobierno municipal de PP y VOX rechaza estas acusaciones y sostiene que el cierre de la escuela infantil fue consecuencia directa de la situación económica heredada del anterior gobierno socialista.
Según explica el Ayuntamiento, la medida estaba contemplada en el Plan de Ajuste aprobado en abril de 2023, cuando la alcaldesa era la socialista María del Valle Luna Zarza.
El Ejecutivo municipal señala que este plan era un requisito exigido por las entidades financieras para poder conceder financiación al Ayuntamiento y que incluía medidas de reducción de gasto en servicios considerados no obligatorios para el consistorio.
Entre esas medidas, según el gobierno local, se encontraba la reducción de personal en determinadas áreas municipales, lo que habría derivado en el cierre de la escuela infantil.
El Ayuntamiento también sostiene que el mantenimiento del servicio suponía un coste superior a los 200.000 euros anuales para las arcas municipales, incluso teniendo en cuenta las subvenciones recibidas.
Según el Ejecutivo local, durante los últimos ocho años de gobierno socialista el coste total de la escuela infantil superó los 1,6 millones de euros, una cantidad que, a su juicio, era insostenible para el municipio.
Nueva organización del servicio educativo
El gobierno municipal defiende además que la educación infantil de 0 a 3 años sigue prestándose en el municipio, aunque con un modelo diferente. En la actualidad, esta etapa educativa se imparte en el CEIP Santa Teresa, gestionada directamente por la Comunidad de Madrid con personal funcionario o interino, lo que, según el Ayuntamiento, permite que el servicio sea gratuito para las familias.
Desde el consistorio también se subraya que la única trabajadora que tenía condición de funcionaria en la antigua escuela infantil continúa formando parte de la plantilla municipal.
El debate sobre la deuda municipal