El portavoz del Grupo Municipal de VOX en el Ayuntamiento de Madrid, Javier Ortega Smith, ha anunciado que la formación política ha formalizado la demanda contra la tasa de basuras. Asegura el edil que Almeida “dice estar en contra del tasazo” y que, ahora, tiene la oportunidad de “demostrar que no es un hipócrita cuando se le traslade nuestra petición de suspensión cautelar de los efectos de la tasa, que la suspenda, que no se oponga y que esté de acuerdo”.
Ortega Smith, además, adelanta que el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, se va a oponer “con uñas y dientes no solo a la suspensión cautelar, sino también a nuestra demanda porque de ninguna manera está dispuesto el señor Almeida a renunciar que el Ayuntamiento de Madrid cobre 300 millones de euros al año”.
Entre otras cosas, el edil de VOX ha puesto el foco en la figura del alcalde, al que acusa de “no hacer valer lo prometido”. “Almeida sigue creyendo que la mentira es un arma válida y legítima para la acción política, que no importa mentir en campaña ni hacer promesas sin la intención de cumplirlas”, añade. Es más, el portavoz de la formación de la oposición ha asegurado que el regidor ha gastado “el dinero de los madrileños para contrarrestar la verdad a través de la propaganda”.
El concejal también ha querido ligar lo que considera “una foto fija” alimentada por esa propaganda a la “obligación como concejales de denunciarlo ante los madrileños para que abran sus ojos”. Según el portavoz de VOX, “hace cinco años en nuestra ciudad había mucha más seguridad en las calles, se pagaban menos impuestos (…) hoy las restricciones a la circulación son cada vez mayores, se va consolidando el fanatismo climático y la discriminación traída por las políticas de la ideología de género, se pasan dificultades para llegar a fin de mes, cada vez el coste de la vivienda es más elevado y la oferta menor”.
Por su parte, el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, ha asegurado durante su intervención que desde el Ejecutivo municipal no quieren la tasa de basuras. “Es un imperativo legal que tenemos que asumir, lo hemos hecho atendiendo a criterios de renta y sin la ayuda técnica del Gobierno de España”, explica el regidor, quien asegura que es una tasa impuesta “de manera unilateral por parte del Gobierno de España”.