MADRID | Ni rastro de "dedazos" en la gestión de David Pérez

Antifraude y la Justicia ratifican la legalidad del concejal popular

Antifraude y la Justicia ratifican la legalidad del concejal popular

El informe de la Oficina Antifraude califica la gestión administrativa como "ajustada a derecho".

Imagen: Redacción

Tras una exhaustiva investigación que se ha prolongado durante casi dos años, la Oficina Municipal contra el Fraude y la Corrupción ha dictaminado el archivo definitivo de las actuaciones contra David Pérez. Las resoluciones de los expedientes 293/2025-654 y 294/2025-654, firmadas por el director del organismo, Carlos Granados, concluyen que no existieron irregularidades en la gestión del distrito de Hortaleza, desmontando las acusaciones de "fraccionamiento de contratos" y adjudicaciones arbitrarias.

 

El informe de la Oficina Antifraude es tajante al calificar la gestión administrativa como "ajustada a derecho". La investigación se centró especialmente en dos puntos que levantaron la polémica en el distrito a finales de 2025: la organización de la Cabalgata de Reyes y las subvenciones a la Asociación de Cárcavas.

 

Según el organismo fiscalizador, ambos procesos cumplieron con la Ley de Contratos del Sector Público. De hecho, las actuaciones contaron en todo momento con el respaldo de la Intervención Municipal, órgano que garantiza la transparencia y legalidad de las cuentas públicas, invalidando así los titulares que sugerían una gestión "a dedo".

 

Cabe recordar que, además, este nuevo archivo administrativo no es un hecho aislado, sino que se suma a una serie de sentencias judiciales previas. Diversos juzgados de lo ordinario ya habían desestimado las denuncias interpuestas por asociaciones vecinales del entorno de la oposición, como las de Manoteras y San Lorenzo.

 

En sus autos, los magistrados coincidieron en que la planificación de festejos y eventos en el Auditorio Pilar García Peña disponía de la cobertura técnica y legal necesaria a través de contratos marco (Lote 1). La resolución actual subraya que no hubo falta de seguridad ni ausencia de contratos, calificando de "desinformación" las críticas que apuntaban a una supuesta desprotección jurídica en los actos públicos.

 

El documento de Antifraude también analiza el contexto de las denuncias. El texto sostiene que el uso de recursos públicos para judicializar la gestión técnica —basándose en ocasiones en recortes de prensa y campañas de señalamiento personal— ha resultado infructuoso ante la solidez de los informes técnicos.



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